Vigilantes de seguridad reivindican su papel como profesionales esenciales en primera línea de riesgo
- Cantabria
David Laguillo
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La Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria ha denunciado la ‘falta de EPIs, la ausencia de evaluación de riesgos o la contratación de personal no habilitado para el puesto’Jesús de Cos ha criticado que la unidad de la Policía Nacional que protege la labor de los vigilantes de posibles abusos ‘está desaparecida y no atiende a sus reclamaciones’
La Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha reclamado hoy en una nota de prensa que se reconozca el papel de los vigilantes de seguridad en la lucha contra el Covid-19, ya que se trata de un colectivo declarado esencial que desarrolla sus funciones en primera línea de batalla, en instalaciones como centros sanitarios, supermercados, industrias esenciales o entidades bancarias, zonas algunas de ellas con probabilidad alta de riesgo de contagio.
El sindicato, que ha subrayado que en Cantabria hay alrededor de 900 personas dedicadas a la seguridad privada, ha querido poner en valor la labor que realizan los profesionales del sector de la seguridad privada así como su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha criticado que, aunque el Estado les ha reconocido su papel como personal esencial, no se les haya incluido como personal de riesgo. A juicio de Jesús de Cos, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Cantabria, “se trata de un nuevo agravio de la clase política al sector de los vigilantes de seguridad. Hemos reivindicado públicamente que se debe corregir esa anomalía y que el personal de seguridad privada debe tener el reconocimiento de personal de riesgo. De hecho, hay que destacar que todos los delegados del sector en el sindicato se encuentran operativos y a disposición de sus empresas para desempeñar su labor profesional en estos tiempos en los que resultan tan necesarios”.
Para Antonio Helguera, delegado de CCOO en Prosegur, ha reclamado que todos los vigilantes que realizan su labor en centros esenciales como hospitales o residencias de ancianos tengan acceso a la prueba de diagnóstico del COVID-19, al igual que otros trabajadores y trabajadoras esenciales y con alto riesgo de contagio en su puesto de trabajo.
Desde la Federación de Construcción y Servicios han denunciado algunos de los ‘atropellos’ que se han cometido con el personal de la seguridad privada en estos tiempos de pandemia. Así, han subrayado que la realización de controles de temperatura a la ciudadanía en los distintos accesos se ha convertido en una tarea común y recurrente pero que casi ninguna de las empresas del sector ha profundizado con las mutuas en los riesgos del vigilante expuesto a esta actividad. Además, han rechazado que muchas de estas empresas sólo se han limitado a ‘seguir las instrucciones de sus clientes, sin mostrar ninguna empatía por sus trabajadores, expuestos sin apenas control a la servidumbre clientelar’.
A esto se suma la ‘ausencia de Equipos de Protección Individual (EPIs), la falta de evaluaciones de riesgos de cada puesto o la callada por respuesta que han tenido ante la solicitud de pantallas de protección individual para los vigilantes’. “Desgraciadamente, la regla general ha sido la de carencia total de EPIs, a pesar de los numerosos requerimientos por parte de los delegados de prevención o delegados sindicales de CCOO en las empresas, siendo en la mayoría de los casos los propios clientes los que han facilitado los EPI’s a los vigilantes”, ha añadido De Cos.
César Cuetos, delegado por CCOO en Securitas, ha lamentado que no se haya analizado “servicio por servicio y puesto por puesto la idoneidad de determinados EPIs, ya que se han entregado de forma generalizada sin tener en cuenta las particularidades de cada puesto. Ha sido todo fruto de la improvisación».
El sector también se ha visto salpicado por unos Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) que, gracias a la negociación y la presión sindical, se ha saldado con acuerdos que mejoran notablemente las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad. Como excepción, hay que resaltar la empresa de seguridad adjudicataria de los servicios de vigilancia del Gobierno de Cantabria que firmó un acuerdo con dos sindicatos, y que CCOO no suscribió, y que se encuentra en fase de estudio por los servicios jurídicos del sindicato por ‘graves perjuicios e irregularidades detectados’.
CCOO ha recordado que los vigilantes de seguridad privada están actualmente y debido al Estado de Alarma a disposición del Ministerio del Interior y ha recordado que existe una Unidad Provincial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria que está destinada a proteger la labor de los vigilantes de seguridad de posibles abusos de clientes y empresas.
“Sin embargo, esta brigada está ahora desaparecida y desconocemos si es que se ha destinado a sus miembros a otros menesteres o dónde están porque desde el sindicato hemos puesto en conocimiento de esta unidad varias denuncias sin obtener contestación ni solución”, ha subrayado Jesús de Cos. En este sentido, el secretario general de la federación ha añadido que han denunciado “cuestiones tan graves” como el de empresas que, aprovechando la situación, han estado contratando personal sin habilitación de vigilantes de seguridad y con sueldos miserables”.
Además Jesús de Cos ha denunciado el ‘mutismo’ de los principales responsables del Gobierno de Cantabria y también de la Delegación del Gobierno que “nunca han apoyado públicamente a los trabajadores del sector de la seguridad privada, salvo cuando han asistido a galas y convites financiados por las empresas de seguridad donde se reparten menciones y diplomas generalmente entre ellos mismos y afines. Para ellos parece que hay cántabros de primera y de segunda según su profesión, pese a pregonar su progresismo día sí y día también”.
Por último, el colectivo ha reclamado una mayor seguridad jurídica para realizar su trabajo sin mayor riesgo legal en estas condiciones de emergencia. Para ello, han solicitado medidas para frenar las ‘agresiones que está sufriendo el colectivo’ y una equiparación en garantías jurídicas en su actuación profesional a las que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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