USO acusa a la dirección de Haulotte de convertir la negociación del ERE en una «absoluta burla» a la legislación laboral española
El secretario general de USO Saja-Besaya, Justino Sánchez Gil, aseguró ayer que la situación en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa Haulotte «es conocida» tanto por la Dirección General de Trabajo como por la Consejería de Empleo, «sin que hayan adoptado medidas».
Sánchez Gil añadió además que la empresa ha contado «de forma fiel» con la «colaboración necesaria» de la central UGT Torrelavega.
En este sentido, la Sección Sindical de USO en Haulotte y el sindicato USO afirmaron que Haulotte es una empresa que cuenta con «importantes ayudas públicas» del Gobierno de Cantabria que recibió a cambio de la creación de un plan industrial que «prometía la creación de centenares de puestos de trabajo».
«Los trabajadores no tienen más garantías de la permanencia de HAULOTTE en Reocín que la «buena fe» que depositen en la empresa», afirmó Sánchez Gil. Sin embargo, añade, según el portavoz sindical la dirección de la empresa ha estado «de forma reiterada transgrediendo el deber de juego limpio necesario. La empresa francesa con su responsable, José Luís Díaz Rubio, han convertido la negociación de un Expediente de Regulación, en una absoluta burla a la legislación laboral española».
El sindicalista afirmó que la empresa «ha impedido» la participación de las organizaciones sindicales en la negociación, con una «clara intención de sacar provecho de la inexperiencia de un Comité de empresa recién elegido».
Gil añadió que las reuniones de los trabajadores se realizan dentro de la planta, «en presencia de los cuadros directivos de la empresa y prohibiendo la entrada a las instalaciones a los asesores de los sindicatos. En estas asambleas, preparadas de antemano, ha enfrentado a sus cuadros de dirección probablemente muy cualificados, con los delegados sindicales que carecen de formación jurídica, lo que le ha permitido manipular el ánimo de los trabajadores.»
USO también denuncia que la empresa «ha enfrentado a unos trabajadores con otros», dividiendo la empresa entre los trabajadores, a los que les afecta las medidas de ajuste del ERE en negociación, con los trabajadores de oficina que no se ven afectados, y calificaron la asamblea donde se votó la aprobación del expediente de Regulación de empleo como «una absoluta y bochornosa mascarada», donde, según Sánchez Gil, se permitió votar «de forma delegada con fotocopias de DNI e impedir la votación como la había planteado dicho Comité, es decir, la votación de los afectados por la medida de flexibilidad».
Además, criticó que la empresa ha contado «de forma fiel con la colaboración necesaria de la central UGT», y calificó como » chantaje inaceptable la pretensión de la empresa de imponer una flexibilidad aprovechando la debilidad coyuntural de los trabajadores y condena con absoluta firmeza los métodos mafiosos de negociación de la dirección de Haulotte», y afirmó que la empresa «pretende aprovechar la situación de crisis y debilidad de los trabajadores para imponer, de por vida, medidas restrictivas de sus derechos».
De igual modo, Justino Sánchez Gil también denunció que un grupo organizado por la empresa «hostigó violentamente al Comité de empresa en los aledaños de la Dirección General de Trabajo con el evidente propósito de provocar la firma del documento propuesto por la empresa», y afirmó que su sindicato «ni se ha dejado ni se dejará amedrentar por bandas empresariales organizadas como esta y mantiene su negativa a estampar su firma en un documento atentatorio contra la clase trabajadora.»
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