UGT exige al Gobierno de Cantabria que obligue a Mutua Montañesa a reconocer los contagios del personal sociosanitario
- Cantabria
David Laguillo
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UGT exigió hoy en un comunicado al Gobierno de Cantabria que exija a la Mutua Montañesa el reconocimiento de la contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de los casos de contagio por la Covid-19 del personal sociosanitario de la región, tal y como estipula el Real Decreto Ley 19/2020 aprobado el 26 de mayo del año pasado, que se completó con otros dos posteriores.
La sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria critica que «en unos momentos en los que ya hemos entrado en la tercera ola de contagios, Mutua Montañesa sigue sin cumplir con su obligación y aún no ha reconocido siquiera los primeros casos registrados en el inicio de la pandemia y el Estado de Alarma».
El sindicato recuerda que en octubre de 2020 remitió un escrito a la dirección de Mutua Montañesa en el que denunciaba «esta imperdonable e inaceptable inacción en la protección de trabajadores que han estado y están en primera línea» y que recibió como respuesta que la entidad tenía problemas informáticos para notificar el reconocimiento de los contagios por Covid-19 como siniestro laboral.
«En pleno mes de enero de 2021, Mutua Montañesa sigue en las mismas con el beneplácito de quien paga, el Gobierno de Cantabria, y se siguen sin notificar de manera oficial la contingencia profesional de los casos relacionados con personal sociosanitario», agrega la sección sindical de UGT en la Administración autonómica.
Por ello, el sindicato reitera su exigencia de que «el Gobierno de Cantabria simplemente haga cumplir la ley a Mutua Montañesa y la obligue a realizar la prestación para la que fue contratada y por la que recibe dinero público» y advierte que «de no ser así, nos obligará a resolver el problema en los tribunales de justicia».
«No es tolerable que se trate así al personal de los centros sociosanitarios y de atención a la dependencia que han realizado y siguen realizando un esfuerzo encomiable y una labor impagable» denuncia UGT, que culpa al Gobierno de Cantabria de «consentir que una entidad colaboradora incumpla de manera tan descarada la ley y su cometido por una mera cuestión de ahorro».
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