UCC denuncia que las nuevas tasas judiciales impiden el acceso a la justicia
- Cantabria
David Laguillo
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- Un ciudadano pagará 500 euros para recurrir un despido en segunda instancia, y 150 para reclamar una deuda de 250 euros, que si apela suman 800 euros más
La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) considera que las nuevas tasas judiciales que aplicará el Gobierno impedirán al ciudadano de a pie acceder a la justicia para defender sus pretensiones, según informó hoy UCC en un comunicado.
El proyecto de ley regulador de tasas en la Administración de Justicia -en trámite parlamentario- provoca que, por ejemplo, un ciudadano que reclame una deuda de 250 euros tenga que hacer un desembolso inicial por tasa judicial de 150 euros que, si fuese necesario apelar y acudir a una segunda instancia, debería abonar una tasa adicional de 800 euros; todo ello incluso sin necesidad de acudir a los servicios de un abogado o procurador, o contar con sus costes.
A juicio de UCC la circunstancia es aún más ‘sangrante’ en el caso de una persona que recurra un despido laboral si la primera sentencia le ha sido desfavorable; en este supuesto la tasa solo por presentar el recurso alcanza los 500 euros, cantidades todas ellas irrecuperables al tratarse precisamente de tasas.
«Si los ejemplos que se desprenden de dicho proyecto se pueden calificar de alucinantes, no lo son menos las pueriles justificaciones que el propio Consejo de Gobierno, con su ministro de Justicia al frente, hacen para ello», considera la Unión de Consumidores de Cantabria, «porque vinculan la implantación de dichas tasas para todos los ciudadanos con el sostenimiento del sistema de justicia gratuita».
Prevén, además, que por dichas tasas se recaudarán 306 millones de euros; «cuando es sabido lo que ha pasado con las previsiones de recaudación en casos similares, como cuando se aumentó el IVA que generó el efecto contrario: Bajó el consumo y bajó la recaudación. «En el caso de las tasas judiciales bajarán el número de procedimientos y en absoluto se recaudarán las cantidades previstas», estima UCC.
«Por este camino el actual sistema de justicia gratuita naufragará porque no se podrá financiar, y a continuación se privatizará, como está ocurriendo en prácticamente todos los órdenes de la vida social», alerta la Unión de Consumidores de Cantabria.
El propio Gobierno reconoce, textualmente, que las ‘ventajas’ del nuevo sistema de tasas judiciales ‘son de especial utilidad cuando el litigante no reside en España, porque permite su pago a través del abogado y procurador’.
Por último, UCC incide en la ‘negativa repercusión’ que provocará a los abogados, procuradores y trabajadores de sus despachos dado que la merma de expedientes tramitados afectará económicamente al ejercicio de su profesión. Siendo, no obstante, la repercusión más gravosa el hecho de que gran parte de la ciudadanía española se quedará sin poder acudir a la justicia, a la cual únicamente podrán acceder aquellas personas que se lo puedan permitir económicamente.
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