Según ARCA, Mazón «sigue apoyando la política del ladrillazo y la especulación urbanística»
- Cantabria
David Laguillo
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En opinión de los ecologistas, «camina en dirección contraria a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas»
La asociación ecologista ARCA considera que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, está caminando en dirección contraria a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y sigue apoyando la política del ladrillazo y la especulación urbanística en Cantabria.
Según el informe de Fiscalización de la Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de Cantabria, el primer objetivo del Gobierno deben ser la adaptación de las normas urbanísticas municipales a la Ley del Suelo y el Plan de Ordenación del Litoral (POL), pero la política de Mazón va en sentido radicalmente contrario.
«El caso más evidente ha sido la reciente modificación de la Ley del Suelo y del POL para que los Ayuntamientos que no han cumplido con la exigencia legal de adaptar su planeamiento urbanístico puedan autorizar el cambio a usos residenciales de miles cuadras y cabañas aisladas en suelos rústicos y de especial protección», señala ARCA.
El Tribunal de Cuentas dice en su informe que Cantabria debe «facilitar el proceso de adaptación de los ordenamientos urbanísticos, impulsando en primer lugar la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y de protección medioambiental que le compete», pero en opinión de los ecologistas, «lo que ha hecho Mazón es justamente lo contrario, abandonar la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y recortar las medidas de ordenación y protección del POL y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR)»
Por último ARCA expresa su «coincidencia general con el análisis y las conclusiones del Tribunal de Cuentas, porque dibujan con precisión el caos territorial, legal y urbanístico que sufre buena parte de los municipios costeros de Cantabria, así como con sus duras críticas a la gestión de los ayuntamientos, a quienes acusa, entre otras cosas, de no contabilizar adecuadamente todo el dinero que obtienen por su intervención en el urbanismo».
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