“Se tienen que establecer medidas compensatorias para forzar la igualdad” entre el colectivo transexual, afirma un experto en Santander

• “Se tienen que establecer medidas compensatorias para forzar la igualdad” entre el colectivo transexual, según experto

Francisco Javier Jiménez ha afirmado en el curso ‘Género, sexualidad y reproducción’ que “la sociedad evoluciona en estos temas bastante lentamente”

El profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Francisco Javier Jiménez ha señalado esta mañana que “se tienen que establecer medidas compensatorias para forzar la igualdad” entre el colectivo transexual, tales como la puesta en marcha de actuaciones educativas desde los colegios o de “sistemas que eliminen las trabas” o que “incluso potencien su acceso a puestos públicos”.

Jiménez, que ha participado en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) ‘Género, sexualidad y reproducción’ que se celebra en Santander bajo la dirección de Silvia Tamayo, añadió que, a su juicio, “si las entidades públicas no hicieran nada”, la situación de este colectivo “probablemente no avanzaría” ya que “la sociedad evoluciona en estos temas bastante lentamente”.

En relación a la Ley Integral de Transexualidad aprobada el pasado mes de junio por el Parlamento andaluz, el jurista declaró que “a nivel europeo, es la primera ley regional en la cual se aborda la transexualidad o disforia de género no desde el punto de vista psicológico sino desde el de la autodeterminación”, lo que se traduce en que “partiendo de una estabilidad”, se va a permitir a cada individuo la libre elección de su género.

Jiménez, que afirmó que “cada uno tiene derecho a que su sexo termine correspondiendo con su identidad sexual”, continuó explicando que “hasta hace relativamente poco se consideraba la transexualidad como una patología psiquiátrica”, mientras que ahora nos encaminamos hacia “el reconocimiento de la identidad”.

El docente expuso que la Ley de Identidad de Género de 2007 que regula este ámbito en el plano estatal permite cambiar el nombre y el sexo en el DNI, pero “exige un previo tratamiento continuado de al menos dos años”. Además, explicó que en esa legislación se prima “la cirugía de reasignación de sexo” a excepción de razones suficientemente justificadas como la elevada edad del individuo, “que le impediría someterse a una operación”.

Sin embargo, Jiménez añadió que “el enfoque hacia el que vamos es hacia la situación de la ley andaluza”, esto es, “hacia el reconocimiento de la identidad y de que la situación de la cirugía puede hacer falta pero no tiene que ser un requisito o una exigencia previa” para reconocer el género de una persona.

Según el experto, la aprobación de la ley andaluza podría provocar un “turismo jurídico”, práctica que ya está sucediendo en nuestro país “desde 2005, con la legalización del matrimonio homosexual”.

En cuanto a los menores, el profesor de la UNED abogó por potenciar la educación en torno a este tema desde los colegios, ya que señaló que los niños “psicológicamente no están formados”, por lo que necesitan “un apoyo importante y especial” y ser tratados con “mucho cuidado y protección.”