Se avecinan nuevas movilizaciones contra el ‘fracking’
- Cantabria
David Laguillo
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- El gobierno central promueve esta polémica técnica en contra de la voluntad popular, según EA
- En la imagen de archivo una de las muchas movilizaciones contra el ‘fracking’
El Tribunal Constitucional ha emitido esta semana una sentencia en la que considera que la ley del Gobierno de Cantabria contra el fracking invade competencias del Estado, declarándola inconstitucional. Ecologistas en Acción Cantabria (EA) ha lamentado esta decisión, por muy previsible que fuera, y reivindica el derecho de las Comunidades Autónomas de protegerse de potenciales impactos para la salud y el medio ambiente de prácticas peligrosas como la fracturación hidráulica. ‘Es de sentido común invocar el principio de precaución, como hacía la ley cántabra, para prohibir aquellas actividades que pueden dañar a la población’, señala la organización ecologista.
‘El fracking ha dejado un reguero de contaminación en EE UU. Se conocen cada vez más casos y sentencias que obligan a indemnizar a los afectados. Uno de los ejemplos más recientes es el de la familia Parr contra la empresa Aruba. Un tribunal de Texas acaba de confirmar la sentencia, que obliga a la empresa a pagar una elevada indemnización económica (casi 3 millones de dólares) tras reconocer que las afecciones a la salud que sufrió la familia fueron causadas por las actividades de fracking de la citada empresa’, apunta EA.
El Tribunal Constitucional dice en su sentencia que las Comunidades Autónomas pueden imponer requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. ‘Cabe por tanto esperar al menos que, en uso de sus competencias de medio ambiente, ordenación del territorio y salud pública, el Gobierno de Cantabria modifique legislación propia para introducir criterios de exclusión para preservar acuíferos, zonas ambientalmente sensibles, distancias a núcleos de población, etc. Se paliaría así parcialmente la grave amenaza que la fractura hidráulica supone para la sociedad’.
‘El empeño del Gobierno central en promover esta actividad en contra de la voluntad de la población de Cantabria y otras Comunidades ha llevado a recientes cambios normativos para convertir las decisiones sobre fractura hidráulica en legislación básica del Estado, lo cual ha posibilitado ahora esta sentencia’.
‘Sin embargo, no se puede confiar solamente en que el gobierno de Cantabria y el parlamento tomen iniciativas legislativas que pongan trabas al avance del fracking en Cantabria’.
‘Estamos seguros que la oposición ciudadana va a seguir estando ahí para decir que no queremos seguir con un modelo energético, basado en los combustibles fósiles, que pone en riesgo la salud, el medio ambiente y el clima. Esta oposición que se ha venido construyendo y consolidando desde hace casi tres años es la mejor garantía para librar a nuestra tierra del fracking’, asegura EA en un comunicado.
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