Santander Sí Puede exige la dimisión de Iñigo de la Serna y de Cesar Díaz por la anulación del PGOU
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David Laguillo
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La sección quinta de la sala de Contenciosos del Tribunal Supremo ha revocado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en junio de 2015 ratificó la aprobación del PGOU de la ciudad de Santander. La anulación del plan general ha sido unánime de los diez miembros del alto tribunal, aceptando así el recurso de casación interpuesto por la asociación ecologista ARCA.
La sentencia, según han adelantado a los medios de comunicación fuentes del tribunal supremo, basa la resolución en dos ejes fundamentales: el crecimiento demográfico previsto por el plan para Santander, y la inconstitucionalidad de convertir todo suelo no urbanizable en suelo urbanizable, agotando así las posibilidades de modificación de la ciudad en un futuro.
“En primer lugar queremos felicitar a la Asociación ecologista ARCA por el gran trabajo realizado para tumbar el PGOU. Sin su iniciativa judicial no hubiera sido posible llegar hasta este punto”, comenta Antonio Mantecón.
El partido municipalista siempre ha sido muy crítico con el urbanismo que promueve el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, pidiendo en numerosas ocasiones la completa derogación del PGOU, haciendo de esta demanda parte fundamental del programa con el que se presento a las elecciones de 2015.
“Esta sentencia no viene sino a confirmar todas nuestras declaraciones respecto al modelo de ciudad que ha propuesto el equipo de gobierno para los próximos años. No es asumible por los ciudadanos que Santander convierta su paisaje en el paradigma del cemento y la especulación”, afirman desde la dirección del partido.
“El Tribunal Supremo confirma también nuestra visión sobre las erráticas justificaciones que ha venido dando el Alcalde, pleno a pleno, para apuntalar una serie de actuaciones urbanísticas que escapan a toda lógica. Hemos repetido hasta la saciedad la absurda previsión de crecimiento demográfico que contenía el plan general, siendo como es uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la actuación prevista para el conjunto de la ciudad”, prosigue Mantecón.
El PGOU de Santander preveía un crecimiento poblacional de 261.000 personas para los próximos años, que conllevaría la necesaria construcción de 35.316 nuevas viviendas para dar cobijo a esos nuevos habitantes. En opinión del concejal de Santander Sí Puede: “Este punto es un argumento absolutamente falaz, puesto que nuestra ciudad pierde habitantes año a año. Solamente en la pasada legislatura Santander perdió 6.114 habitantes, con lo que pensar que vamos a tener un aluvión de nuevos vecinos en estos años es de todo punto absurdo, como muy bien parece que refleja la sentencia del Tribunal Supremo. Y lo hemos mantenido cada vez que se hablaba de urbanismo en el Ayuntamiento, recordando que la pérdida de población unido a la gran cantidad de vivienda vacía en nuestro municipio, hacía del PGOU una herramienta solo al servicio de las constructoras y no de las necesidades de nuestros vecinos”.
Otro de los puntos fundamentales del recurso de casación presentado por ARCA y aceptado por el alto tribunal es el agotamiento del suelo urbanizable de la ciudad.
“El alcalde y su equipo han querido urbanizar todo lo urbanizable más allá del bien y del mal. El plan general de 2012 iba a hipotecar el futuro urbanístico y las condiciones de vida de la mayor parte de los ciudadanos de Santander. Cualquier atisbo de hacer una ciudad respirable, habitable, más humana desaparecía ante la incontinencia del ladrillo. Nosotros lo considerábamos inadmisible y parece que también el Tribunal Supremo lo ha visto así”, recalca el edil de Santander Sí Puede.
Para Antonio Mantecón: “Las consecuencias económicas son imprevisibles, a la espera de conocer la sentencia en profundidad, aunque probablemente serán mucho menos cruentas que las manifestadas por el alcalde y su lugarteniente César Díaz para meter miedo a los vecinos de El Pilón o de Prado San Roque”.
El concejal santanderino se refiere a la amenaza de las posibles reclamaciones judiciales de los constructores si se alteraban determinadas unidades de actuación, como las de El Pilón o Prado San Roque, y solicitadas por los vecinos y el propio Antonio Mantecón.
“La realidad es que el alto tribunal ha dado la razón a los vecinos de estas zonas y a los partidos, como el nuestro, que han criticado esa falaz amenaza, no sustentada en criterios jurídicos sino en intereses económicos privados. De hecho, entendemos que lo más probable es que muchos promotores privados que pensaban hacer su agosto tengan que dar la ganancia a corto y a medio plazo por perdida y también los costes asumidos. Y es que precisamente el Tribunal Supremo ha sentado doctrina en numerosas ocasiones en el sentido de que ‘los derechos pendientes, futuros, condicionados y las expectativas’ no son judicializables”, razona el concejal.
Sobre las consecuencias más inmediatas, Mantecón entiende que “proyectos faraónicos como La Remonta o aquellos otros destinados a las élites como El Pilón o Prado San Roque van a tener que ser paralizados. Y, por supuesto, tendrán que ‘dar una vuelta’ a los presupuestos de 2017, que deberán ser modificados en profundidad para adaptarlos a la sentencia”.
Por último, Mantecón se manifiesta a favor de “exigir la dimisión del alcalde, Iñigo de la Serna, y de su responsable de urbanismo, César Díaz”.
“Si se confirma la sentencia en las condiciones que han dado a conocer los medios de comunicación, a los responsables sólo les quedaría la puerta de salida del Consistorio. Estamos hablando de un alcalde cuya casi única preocupación ha sido desde siempre el urbanismo devorador de la ciudad, dejando las políticas sociales para otros a pesar de tener recursos para ello. El plan general pedía más ladrillo en un contexto nada propicio con el único fin del beneficio privado y el alcalde lo ha condicionado todo a un PGOU que ha resultado un fiasco. Por eso, sólo le queda dimitir. Si nosotros pudiéramos, presentaríamos inmediatamente una moción de censura pero el propio alcalde ya se ocupó de cercenar esa posibilidad con mi expulsión del grupo municipal, ya que la ley de bases no permite a los no adscritos presentar o apoyar mociones de censura”, concluye el concejal Antonio Mantecón.
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