Santander impone una sanción a la empresa concesionaria del contrato de socorrismo
- Santander
David Laguillo
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-Fuentes-Pila lamenta que “se confirme la chapuza” que supuso retirar el servicio a Cruz Roja, con un pliego que primaba el aspecto económico sobre la seguridad
El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha dado a conocer hoy que el Ayuntamiento de Santander ha impuesto una sanción de 24.663,98 euros -el ocho por ciento de la cuantía total del contrato- a la empresa Aunar Group por incumplimientos “graves” en la prestación del servicio de salvamento, socorrismo y baño adaptado en playas, extremo que, a su juicio, “confirma la chapuza” que supuso retirar a Cruz Roja de los arenales de la ciudad.
Según ha explicado el regionalista, el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 10 de recoge la imposición de la penalización, que se basa en “incumplimientos del contrato de carácter grave” y otros leves.
El primero de los incumplimientos es por falta del personal comprometido, ya que en diversas inspecciones realizadas tanto por el Ayuntamiento de Santander como por el Gobierno de Cantabria faltaba un ayudante con titulación en TTS (Técnico en Transporte Sanitario) en la ambulancia de Soporte Vital Básico inscrita al puesto sanitario de la Segunda playa de El Sardinero.
El segundo incumplimiento –“mucho más grave si cabe”, según el regionalista- es relativo a las condiciones del material de los puestos y las mejoras a las que Aunar Group se comprometió y que, según el propio acta de la Junta de Gobierno Local, “contribuyeron notablemente” a la concesión del contrato a esta empresa. En concreto, se trata de dos unidades de embarcaciones de tipo C, dos ambulancias y la ampliación del número de puestos de socorro en cuatro unidades.
A todo ello, se suman cuatro infracciones leves: falta de marca del logotipo del Ayuntamiento de Santander en el vestuario; falta de rotulación de bases y vehículos, falta de hojas de reclamaciones y, finalmente, la no presentación de presupuesto desglosado.
Para Fuentes-Pila, la imposición de esta penalización y, especialmente, los motivos por los que se llega a ella, constituyen la “prueba evidente del gravísimo error” que cometió el Ayuntamiento de Santander en la redacción de un contrato que primaba los aspectos económicos e impidió que Cruz Roja prestase el servicio, “tal y como llevaba haciendo veinte años”. “Nos enteramos ahora que hemos tenido velando por la seguridad menos personas y menos equipamientos que los necesarios”, ha criticado, al tiempo que ha lamentado que el equipo de Gobierno “no haya creído conveniente informar de este asunto”.
Priorizar el ahorro
Según ha recordado el regionalista, su Grupo fue “muy beligerante” cuando se conoció el pliego y la adjudicación del servicio a esta empresa, ya que la redacción, sostiene, “priorizaba el ahorro de 19.8000 euros sobre la seguridad de los santanderinos”. En concreto, Aunar Group presntó una oferta con una rebaja de menos de 24.000 euros sobre el precio de licitación de la oferta y 19.800 más barata de la presentada por Cruz Roja.
“Ahí ya vimos una concepción de la seguridad de las personas muy peligrosa”, dice Fuentes-Pila, ya que la oferta económica se valoró con 70 puntos (44 para la oferta económica en sí misma y 26 más para las mejores en equipamiento). La propuesta de Aunar se valoró con 70 puntos, mientras que Cruz Roja obtuvo 10,42. En cambio, continúa, la valoración de los treinta puntos restantes -que evalúan las condiciones técnicas- “dejó muy a las claras la superioridad” de Cruz Roja, que obtuvo 28, por 11 de la otra empresa.
“Se adjudicó el concurso en base a un mínimo ahorro económico y a unas mejoras que no se han producido, que no han estado en las playas y que pudieron suponer un peligro para los santanderinos”, ha criticado el regionalista, quien ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a que encargue a los servicios jurídicos que analicen si hay base legal para rescindir el contrato.
En este sentido, ha recordado que la adjudicación era por dos años e incluye el que viene, 2019. “De nada sirve una penalización económico a posteriori, los contratos hay que cumplirlos y más éste, del que depende la seguridad de miles de bañistas cada año”, ha finalizado.
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