Santander acoge el III Foro hipotecario de Adicae
- Cantabria
David Laguillo
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El viernes Santander acogió el III Foro hipotecario de Adicae, para analizar el «proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social», presentado por el Grupo popular y su reciente aprobación en el Senado.
El Foro contó con la presencia de Jose Luis Sánchez Gall, magistrado y Juez del Juzgado de primera instancia número siete de Santander y vocal de Jueces para la democracia, José Francisco Carral, abogado y profesor en la Universidad de Cantabria de Derecho civil, el abogado de la asociación Miguel Saro y Alejandro San Millán, Delegado en Cantabria, así como los portavoces de organizaciones sociales Eduardo González por Democracia Real Ya (DRY) y Julio Lago por la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).
Se analizaron las principales medidas del proyecto, como la suspensión de los lanzamientos de desahucio por dos años, concluyendo que no son en realidad dos años completos sino que es desde que entra en vigor la ley, por lo que habrá familias que se beneficien solo unos meses o semanas, ya que el plazo para el desahucio terminará tras los dos años de la entrada en vigor de la ley.
Otras medidas, como la moderación de los intereses de demora o las posibles «quitas» a las deudas perpetuas que quedan a las familias tras la pérdida de la vivienda, sólo van a generar economía sumergida ya que cualquier ingreso por actividad económica sería embargado a la familia, por tanto existe un claro riesgo de no declarar esas actividades laborales y económicas, ya que hablamos de un millón de familias en riesgo de exclusión y pérdida de vivienda habitual. Esta medida sigue permitiendo a la entidad financiera adjudicarse la vivienda en la subasta, ahora por un 70 % y no en todos los casos, y seguir reclamando la deuda, por lo que es necesario una «dación en pago efectiva» afirmó José Francisco Carral, elevando los porcentajes de adjudicación «incluso hasta el 90 ó 95 %».
Por su parte el juez Sánchez Gall afirmaba que «durante el año 2012 se iniciaron en Santander 159 procesos de ejecución hipotecaria, 151 desahucios y 18 suspensiones de lanzamiento por lo que «es absolutamente necesaria una ley de sobreendeudamiento familiar, al igual que existe en Francia o Estados Unidos».
En las conclusiones del Foro se consideran estas medidas como un «parcheo» y «manifiestamente insuficientes». Adicae considera que «no se puede esperar ni un día más para adoptar medidas extraordinarias, empezando por la paralización de las ejecuciones y embargos a través de una moratoria por tres años», esto daría un plazo suficiente para abordar medidas de reforma legislativa que corrigieran todas las ‘injusticias, desenfoques y desequilibrios de la actual legislación hipotecaria y para revisar los abusos existentes en los préstamos hipotecarios, permitiendo la entrada en vigor de medidas más acordes con la justicia europea’, informó Adicae.
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