Revilla y Díaz Tezanos exigen al Estado que deje de “estrangular” a Cantabria y pague los 90 millones pendientes
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David Laguillo
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-El presidente y la vicepresidenta aseguran que la Comunidad Autónoma habría cumplido el objetivo de déficit sin los “flagrantes incumplimientos” del Gobierno
-El Ejecutivo cántabro pide la intervención de Sáenz de Santamaría y reclamará en los tribunales la ruptura “unilateral” del convenio de Comillas
El Gobierno de Cantabria ha exigido públicamente al Estado que deje de “estrangular económicamente” a la Comunidad Autónoma y que pague los 90 millones de euros (89.648.088) comprometidos en 2016 y no abonados hasta ahora, correspondientes a la implantación de la LOMCE, la financiación de Valdecilla, el convenio de Comillas y la aplicación de la Ley de Dependencia.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, han comparecido hoy ante los medios de comunicación para denunciar los “flagrantes incumplimientos” del Estado en estos ámbitos, que son la razón por la que Cantabria sobrepasó en 2016 el objetivo de déficit fijado en el 0,7%.
Según han explicado, si el Gobierno de España hubiera cumplido sus compromisos la Comunidad Autónoma hubiese cerrado el ejercicio con un déficit de 94.351.912 euros (0,7%) y no con los 184 millones (1,47%) reflejados por el Ministerio de Hacienda.
Revilla y Díaz Tezanos han realizado un repaso exhaustivo a cada uno de esos incumplimientos que han provocado el desfase de las cuentas cántabras. En primer lugar, sobre la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), han explicado que el Estado únicamente transfirió 160.000 euros de los 17 millones de euros que se comprometió a ingresar para hacer frente al incremento de los gastos de personal, horas lectivas, libros de texto o la implantación de nuevas tecnologías en las aulas, derivados de la aplicación de la ley.
Tampoco llegaron a Cantabria los 22 millones comprometidos por Mariano Rajoy y consignados en los Presupuestos Generales del Estado en 2016 para Valdecilla. Sobre este tema, Revilla considera que es un “escándalo” que el Gobierno de España y el Partido Popular de Cantabria traten de justificar este incumplimiento en la gestión del Gobierno autonómico, una estrategia que, además de no ajustarse a la realidad, demuestra “poca dignidad y sensibilidad” con Cantabria.
La vicepresidenta ha criticado por su parte que ahora se trate de “enmascarar” el pago de los 22 millones con excusas de carácter técnico cuando en la anterior legislatura, con el PP gobernando en Cantabria, “se justificaba todo, incluidas las gasas”.
El tercer lugar, Cantabria contabiliza también dentro de estos casi 90 millones de euros adeudados los 16,5 millones no abonados del convenio de la Fundación Comillas desde 2012, cantidad que el Gobierno autonómico reclamará en los tribunales de justicia ante el incumplimiento unilateral por parte del Estado. Aquí, Revilla ha explicado que los servicios jurídicos aconsejan esta medida y estudian en estos momentos la forma de articular la demanda.
“Es un incumplimiento del libro”, ha asegurado el presidente, quien ha lamentado que el Gobierno del Partido Popular haya echado por tierra lo que nació como un proyecto de Estado.
Cantabria reclama asimismo 34.308.087,66 euros de la financiación de la Ley de Dependencia, en cumplimiento del compromiso de cofinanciación al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El año pasado, de los más de 100 millones de euros (101.563.314,54) certificados para atender a cerca de 15.000 dependientes cántabros, el 84% (85.089.744,4) fueron aportados por el Gobierno regional, mientras que el Gobierno de España únicamente abonó algo más de 16 millones (el 16% restante).
Además de estos incumplimientos, que han supuesto una clara merma en los ingresos registrados por la región, también ha influido en el aumento del déficit el incremento del número de perceptores de la Renta Social Básica, que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo ante la falta de cobertura a los desempleados de larga duración, y el pago del Plan Concertado de Servicios Sociales, que es el que llega a todos los ayuntamientos con una inversión de más de 15 millones de euros, de los que el Estado solo aporta 420.000 euros.
Carta a la vicepresidenta de España
Ante la falta de respuesta del presidente Rajoy a la petición de un encuentro que le remitió en abril tras constatar que el proyecto de presupuestos del Estado de este año tampoco incluye los compromisos asumidos con la región, Miguel Ángel Revilla ha adelantado que va a solicitar la intervención de la vicepresidenta y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien hoy mismo enviará una carta.
El presidente ha ironizado que la falta de respuesta de Rajoy puede deberse a que “está muy ocupado con los temas de corrupción y con los viajes”, razón por la que ha decidido dirigirse a la vicepresidenta, dado que es conocedora directa de la situación tras el encuentro que mantuvo con el Gobierno cántabro el pasado mes de diciembre.
Por su parte, Eva Díaz Tezanos ha instado al ministro cántabro de Fomento, Íñigo de la Serna, a que defienda los intereses de Cantabria y no se escude en “excusas técnicas” para defender que el Estado no pague Valdecilla y ni asuma el resto de compromisos con Cantabria. “Yo le propongo que antes de quitar la mochila de las constructoras de las autopistas quite la mochila de los 22 millones de Valdecilla, de la implantación de la LOMCE, del incumplimiento de Comillas y del pago de la dependencia”, ha señalado.
Cantabria ‘saldrá adelante’
A pesar de este ‘escenario de abandono’ por parte del Estado, tanto Miguel Ángel Revilla como Eva Díaz Tezanos han asegurado que Cantabria ‘saldrá adelante’ y que el Ejecutivo cántabro seguirá reclamando la deuda del Estado. “No pueden con esta región, si se piensan que con estas cosas nos van a desmoralizar y nos van a presentar como unos manirrotos, van listos”, ha dicho Revilla, quien ha señalado además que no quiere pensar que este trato del Gobierno de España a la Comunidad Autónoma pueda ser la consecuencia a sus críticas contra los escándalos de corrupción en los que está inmerso el Partido Popular.
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