Rebaja el precio de un vehículo porque retirar el software de Volkswagen le hará perder potencia y consumir más
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David Laguillo
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Rebaja el precio de un vehículo porque retirar el software de Volkswagen le hará perder potencia y consumir más
El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha estimado parcialmente la demanda de la compradora de un vehículo Audi que porta un software de Volkswagen y ha rebajado el precio del coche un diez por ciento.
En una sentencia notificada recientemente, el juez rechaza resolver el contrato, tal y como pedía la demandante, pero sí reconoce una rebaja del precio del vehículo dado que la retirada del software supondrá una pérdida de potencia y mayor consumo de gasolina.
Para apoyar tal afirmación, el magistrado se basa en el informe del perito judicial, quien afirmó que subsanar el software conlleva que el turismo “queda afectado en su funcionamiento, aunque de forma mínima y no perceptible para un conductor normal”.
Según el citado perito, la solución ofrecida por Volkswagen para corregir el software “parece ser correcta” de cara a las emisiones de gases contaminantes, sin embargo “no parece ser la correcta” de cara a la operativa del motor.
“La potencia en el momento de alcanzar el par motor se ve reducida en un cuatro por ciento, lo que provoca que al tratar de exigir las máximas prestaciones, por circunstancias de la carretera o una maniobra, el vehículo se vea penalizado en consumo”, explica la sentencia.
Así, continúa la resolución, “tras la intervención de corrección, el vehículo puede ver reducida su potencia a 134 CV de los 140 CV originales, con el consiguiente consumo extra”.
Informes periciales contradictorios
En su demanda, la compradora del vehículo solicitaba la resolución del contrato y la devolución del precio abonado, previa deducción de la depreciación que hubiera sufrido el coche desde su adquisición, en 2013.
Su vehículo tiene manipulado el sistema de medición de la emisión de gases de óxidos de nitrógeno. Al igual que otros del grupo Volkswagen, porta un software que diferencia las emisiones contaminantes cuando se miden en el banco de pruebas y cuando se miden en el tráfico real.
Conocida la existencia de este software, el fabricante inició una campaña de subsanación de esta manipulación, y la autoridad alemana responsable de homologación de vehículos certificó que tras la intervención propuesta por Volkswagen no se producen variaciones en la potencia y el par máximo.
En el mismo sentido se pronunció el perito del concesionario demandado, que dictaminó que “la implementación de las medidas propuestas no provocará alteración alguna respecto a los valores registrados en homologación, particularmente en par máximo, potencia máxima, consumo de CO2 ni el resto de emisiones reguladas”.
Frente a tales argumentos, el perito judicial sí advierte una afección, si bien de “mínimas consecuencias” que, como señala la sentencia, “no priva al vehículo adquirido del fin al que está destinado, ni condiciona su uso de forma que permita al comprador resolver el contrato”.
No cabe resolver el contrato
En esta línea, recuerda el magistrado que para declarar la nulidad del contrato la conducta insidiosa del vendedor debe ser “grave” y “dirigida a captar la voluntad contractual del comprador”.
“Y en este caso –añade-, es claro que la manipulación en la medición de la emisión de gases realizada maliciosamente estaba destinada únicamente a burlar el sistema administrativo diseñado para su control, pero no como estrategia comercial de venta”.
“En esta causa no obra ninguna prueba de que la demandante, de 83 años al momento de la adquisición, comprara el automóvil persuadida por el bajo nivel de emisiones de óxido de nitrógeno que ofrecía el vehículo”, abunda.
La demandante solicitaba exclusivamente resolver el contrato y la devolución del importe pagado por el vehículo, pretensión que no ha sido acogida por el juez.
Sin embargo, tal y como éste explica en su sentencia, puede de oficio adaptar tal pretensión estableciendo una rebaja en el precio.
En este sentido, entiende el magistrado que si la potencia se ve reducida en un cuatro por ciento en el momento de alcanzar el par motor, en ese porcentaje debe reducirse también el precio de venta.
Y además, dado que tal pérdida de potencia puede ocasionar un plus en el consumo, por este perjuicio se puede fijar otro porcentaje alzado del seis por ciento que también debe reducirse del precio abonado.
Por tanto, el juez fija en 2.389 euros el importe que la concesionaria debe abonar a la compradora del vehículo, lo que representa el diez por ciento del precio pagado por ésta cuando lo adquirió.
Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
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