Puerto Gallego dimite tras ser investigada por un presunto delito continuado de prevaricación
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David Laguillo
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Puerto Gallego dimite tras ser investigada por un presunto delito continuado de prevaricación / Foto: Puerto Gallego el 1 de junio de 2016 durante un mitin de Pedro Sánchez en Torrelavega / Foto: CANTABRIA DIARIOLa diputada por Cantabria Puerto Gallego ha comunicado esta misma tarde a la dirección del Partido Socialista en Cantabria su decisión de «dimitir de forma inmediata como diputada en el Congreso”.
Puerto Gallego ha informado sobre esta decisión tras conocer, a través de los medios de
comunicación, que está siendo investigada por el Tribunal Supremo por presunto fraccionamiento continuado de contratos en el Ayuntamiento de Santoña cuando ocupaba la alcaldía entre los años 2003 y 2009.
Puerto Gallego ha señalado que con esta decisión “doy cumplimiento a mi compromiso
público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como
diputada en el Congreso si finalmente se confirmaba la condición de investigada”.
La diputada por Cantabria ha señalado que está siendo investigada por un supuesto
“error administrativo del que me considero totalmente inocente, pero en ningún caso
por haberme enriquecido personalmente ni haber enriquecido a terceras personas”.
Gallego se ha mostrado “sorprendida por la forma” en la que ha tenido conocimiento del
auto, y se ha ratiificado en su “determinacion de cumplir con la palabra dada”.
Aunque, a su juicio, “espero demostrar mi inocencia en una acusación que no se enmarca en ningún comportamiento corrupto, voy a dimitir como diputada porque no deseo ensombrecer, en ningún caso, la determinación expresada por todos los socialistas de promover la regeneración y la limpieza democrática en España”.
Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar. Por su parte, Podemos Cantabria considera que Puerto Gallego ‘ha hecho lo correcto’ al dimitir tras conocerse que el Tribunal Supremo ha abierto causa contra ella por presunto delito continuado de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de Santoña.
El partido morado cree que “esta mancha podría haber sido menor aunque no menos grave para Cantabria si el PSOE no se hubiera empecinado en utilizar las Instituciones como escudo para proteger a Puerto Gallego al más puro estilo valenciano”.
Según Podemos, pese a conocer que ya habían sido imputados hace meses los ocho concejales de su corporación que no tenían la calidad de aforados, el PSOE ha mantenido a la ex alcaldesa de Santoña como cabeza de lista en los dos últimos procesos electorales estatales con el fin de ‘dilatar el proceso’ consumiendo recursos judiciales en un caso que, de no existir la figura del aforado, ‘ya estaría probablemente visto para sentencia y resuelto de forma más barata y eficaz’.
«Fraccionamiento de contratos, práctica habitual del PSOE de Cantabria», según Podemos
Además, han indicado que “desgraciadamente, la forma de proceder en este caso no nos resulta novedosa: El fraccionamiento de contratos para poder concederlos “a dedo” es una práctica habitual en el PSOE de Cantabria: «hemos podido comprobar que ha sido la práctica habitual de Salvador Blanco al frente de Sodercan para contratar a sus empresas o a las de los amigos del partido, mientras el PP miraba hacia otro lado o introducía simpatizantes en esas mismas empresas para que todos ganaran”, afirma Podemos.
Podemos Cantabria ha lamentado que el nombre de “nuestra región se vea de nuevo manchado a nivel nacional por un caso de corrupción, en este caso el de la diputada socialista Puerto Gallego” y ha manifestado su confianza en la Justicia, “no como algo abstracto, sino nuestra confianza en jueces, abogados, fiscales y funcionarios de todas las instancias. Creemos firmemente que si no fuera por su independencia y su trabajo, al igual que en este caso el de los interventores del Ayuntamiento de Santoña, muchos de estos casos no sólo no verían la luz sino que seguirían produciéndose de manera continuada”.
Para Podemos, han finalizado, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática ‘no son medidas cosméticas’: a diferencia de lo que han firmado PP y Cs en su reciente pacto para la investidura de Mariano Rajoy, el partido morado considera la prevaricación como un delito de corrupción, ‘especialmente grave cuando como constata el juez parece que se ha producido de forma continuada’.
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