Políticas Sociales elaborará una nueva Ley de Derechos Sociales y dotará a la Renta Social Básica de una regulación autónoma
- Cantabria
David Laguillo
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Ana Belén Álvarez ha adelantado que la nueva Ley actualizará la Cartera de Servicios para adaptarlos a las necesidades de la ciudadanía y revisará el modelo de intervención social
Santander – 25.10.2021
El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez, ha comenzado a elaborar una nueva Ley de Derechos y Servicios Sociales. El objetivo, ha explicado la responsable de este departamento, “es adaptar el texto normativo aprobado hace 15 años a la evolución del sector de los servicios sociales y a las necesidades de la ciudadanía”.
Además, Ana Belén Álvarez ha avanzado que se extraerá de la Ley la regulación de la Renta Social Básica y de la prestación de emergencia social “para dotarlas de regulación autónoma, dada la trascendencia de la materia y las modificaciones que se precisan tras la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, ha precisado.
“Es necesario hacer un nuevo desarrollo normativo de la Renta Social Básica derivado de la creación del Ingreso Mínimo Vital, como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza severa y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades más vitales”, ha sostenido la consejera. A su juicio, el Ingreso Mínimo Vital debería de actuar como un “suelo básico” común de ingresos para la ciudadanía en situación de pobreza severa y vulnerabilidad extrema en toda España.
También, en ese nuevo desarrollo normativo, la consejera ha defendido la introducción de “nuevas modalidades de concesión” que “estimulen el acceso al empleo”. Al respecto, ha abogado por diseñar recursos sociales adecuados para afrontar con éxito itinerarios de reinserción social que, “en la inmensa mayoría de los casos, conduzcan a la reintegración en el mundo del trabajo y la autosuficiencia económica”.
Definir los servicios sociales y actualizar la Cartera de Servicios
La consejera ha ahondado en la necesidad de que Cantabria cuente con una nueva Ley de Derechos y Servicios Sociales tras haber transcurrido 15 años desde la aprobación de la norma que está actualmente en vigor y que ha sufrido diversas modificaciones. En este sentido, ha explicado que es necesario dotar a la Ley de una “estructura coherente”, una vez se dé a la Renta Social Básica y a otras prestaciones de la Cartera de Servicios de una regulación autónoma.
El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, ha explicado que la nueva norma “profundizará en la concreción del objeto propio de los servicios sociales, definiendo de forma clara el bien jurídico protegido y su delimitación respecto a otros sistemas de protección social”. En este sentido, ha cuestionado que “en ocasiones, los servicios sociales se han convertido en un cajón de sastre en el que se trata de encasillar todo aquello que no entra o no asumen otros ámbitos de actuación, como la educación, la sanidad, el empleo o la vivienda”.
Por ello, ha apuntado, se precisará el objeto de los servicios sociales “con más detalle, para delimitar su campo de intervención”, de forma que se pueda distinguir “claramente” de otros ámbitos de actuación pública o privada de carácter social, evitando duplicidades u omisiones de intervención.
Así, la nueva Ley actualizará la Cartera de Servicios, con la introducción de nuevas prestaciones y la redefinición de otras existentes para su mejor adecuación a las necesidades de la ciudadanía de Cantabria. También se revisará el modelo de intervención social conforme a los criterios de calidad en la prestación y atención individualizada a las necesidades de las personas, y se modificará el régimen sancionador para regular con mayor precisión determinadas infracciones.
El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy la resolución por la que se acuerda someter al trámite de consulta pública previa la elaboración del Anteproyecto de Ley de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales. En esta consulta pública, a la que seguirán otros mecanismos de participación, se recabará la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Las sugerencias podrán presentarse durante el plazo de 15 días hábiles.
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