Podemos quiere que se reconozca a los trabajadores Ecomasa la condición de afectados por un funcionamiento anormal de la Administración
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David Laguillo
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Santander 16 de mayo- Podemos mantendrá el voto particular de la tercera conclusión de la comisión de investigación del caso Ecomasa-Néstor Martín. En concreto quiere que se reconozca a los trabajadores la condición de afectados por un funcionamiento anormal de la Administración, acordando el abono de las indemnizaciones de aquellos que no la hubieran obtenido a través del Fondo de Garantía Social. En este sentido, Blanco ha dicho esta mañana que, “si no se incluye este punto en el dictamen, esta comisión no habrá servido para nada, puesto que no se repara el daño realizado a las víctimas de esta estafa articulada desde el gobierno de Cantabrian que presidía Ignacio Diego: los trabajadores”.
José Ramón Blanco ha relatado esta mañana, durante la sesión en la que se han visto las conclusiones de la comisión de investigación del Caso Ecomasa-Néstor Martín, que esta operación que dio comienzo en el año 2015 fue respaldada desde el comienzo y hasta su final por el que era presidente de Cantabria, Ignacio Diego, “aún viéndose desde el primer minuto que su plan de negocio era ruinoso”. Esta situación, ha explicado Blanco, ha llevado a una quiebra económica de la administración cántabra “que ya se asume imposible de recuperar”, además de la pérdida económica que le supuso a los trabajadores de la antigua Teka, que dieron 3.2 millones de sus indemnizaciones para poder ser recolocados, “que fueron estafados y engañados, además de ninguneados posteriormente por Salvador Blanco”.
El diputado de Podemos ha reiterado que desde el primer informe de la comisión de seguimiento del ICAF, que auditaba las ayudas que este ente público había concedido Ecomasa, “se detectaron problemas como la elevada incertidumbre en los compromisos de pago de los préstamos realizados”. En esta comisión ha quedado en entredicho la falta de rigor con la que actuó el ICAF, su falta de control y su ausencia de análisis.
Podemos también quiere que se indemnice a los trabajadores y que se les abone el dinero que aún no ha obtenido a través del FOGASA, ya que se debe reconocer que los 3.289.719€ que fueron entregados por Teka provenían de las indemnizaciones de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa. “Ellos no deben pagar por un plan de negocio que resultó ruinoso para ellos y para la Administración Regional, que ya ha asumido que es imposible recuperar buena parte de las inversiones”, ha explicado José Ramón Blanco quien ha hecho referencia al testimonio del presidente y secretario del Comité de Empresa “nunca tuvieron acceso a los informes de viabilidad entre otros de la empresa y que sólo aceptaron incorporarse al proyecto de Ecomasa por el aval del ex presidente Ignacio Diego y su Gobierno, que les aseguraron la viabilidad, presionados y apremiados para tomar esta decisión en dos días, por lo que deben devolverles su dinero”. Es por ello que se les deberá prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extra judicial, el reintegro de las cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del fondo de garantía social.
Esta es la primera conclusión de Podemos, que se derivan de la comisión de investigación sobre el caso Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016 y finalizará el próximo mes de mayo con la presentación de las conclusiones de todos los grupos parlamentarios.
Además, quieren que se analicen las responsabilidades de todo tipo que puedan tener Jorge Gómez de Cos, director general del ICAF, quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, “continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”. Así mismo, también quieren que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Eduardo Arasti, entonces consejero de Industria y Cristina Mazas, titular en esa época de la consejería de Economía, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”. También incluyen al entonces presidente, Ignacio Diego, promotor inicial del proyecto que dio luz verde al mismo y al que consideran responsable del fracaso del proyecto, responsable de autorizar y promover en un primer momento, un proyecto “basado en ilusiones y esperanzas hipotecando la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”.
Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.
José Ramón Blanco ha indicado que esta comisión de investigación ha confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero, limitándose aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación. Además, en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban “serios problemas en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF.
Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el Concurso de Acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.
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