Podemos considera que la prórroga concedida a Solvay es ‘ilegal’ y pide al Gobierno que se mantengan los puestos de trabajo de la empresa

Podemos Cantabria ha defendido hoy una proposición no de ley en el parlamento pidiendo al gobierno que ‘deje de engañar a los cántabros y empiece a trabajar en serio’, y de una vez por todas, para mantener los puestos de trabajo de la planta de la multinacional SOLVAY en Torrelavega.

Verónica Ordóñez ha recordado al Ejecutivo que la ‘ilegalidad’ de la propuesta de prórroga concedida a SOLVAY ha sido advertida por las autoridades europeas, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, representantes sindicales de la propia empresa y otras empresas del sector que, a diferencia de SOLVAY Torrelavega, sí han cumplido con sus obligaciones y han actualizado su tecnología y, por lo tanto, consideran “ridículo que el Gobierno se mantenga en sus trece y no dé marcha atrás”.

Ordóñez ha explicado que los efectos del mercurio sobre la salud humana ‘no son en absoluto algo nuevo’. Ya en 1985 Greenpeace mantuvo conversaciones con la asociación de productores de cloro (EuroChlor) para la reconversión de este sistema productivo antes de 1995. El plazo se incumplió y se sustituyó por un acuerdo voluntario suscrito por la patronal europea del cloro, que aglutina a las empresas del sector de 22 países europeos, incluyendo a SOLVAY. En virtud de este acuerdo los productores de cloro se comprometieron voluntariamente, ya en 1999, a cesar en el uso de la tecnología de mercurio en el año 2020, plazo posteriormente acortado por la Unión Europea al 11 de diciembre de 2017. “Esta fecha límite no es negociable, ni voluntaria, sino de obligado cumplimiento como explicaremos a continuación”, ha recalcado Ordóñez.

“Es decir -ha continuado- que al menos desde finales del Siglo XX las empresas del cloro-alcalí son conscientes de la necesidad de actualizar sus sistemas de producción para evitar la contaminación por mercurio. Es por ello que es especialmente sorprendente que en el acuerdo de venta de la producción de cloro del Grupo SOLVAY al grupo portugués CUF, cerrado en julio de 2016 según confirma la propia empresa, la venta de la empresa quedase condicionada a que se obtuviesen autorizaciones para continuar produciendo con una tecnología obsoleta y altamente contaminante hasta que dicha conversión no se materializase”.

“Julio de 2016, 1 año y unos meses antes del plazo límite fijado por la Unión Europea. ¿Prometió algo el Gobierno de Cantabria que no estaba en su mano cumplir?”, se ha preguntado la diputada.

Además, han recordado al Gobierno que, de persistir en su actitud, Europa puede “sancionarnos con un multa millonaria que tendríamos que pagar entre todos los cántabros”, por lo que ha preguntado al ejecutivo de dónde piensa recortar para hacer frente a esta sanción.