El Parlamento Europeo pide información sobre el ‘fracking’ en los permisos de investigación en Cantabria
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David Laguillo
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En el día de hoy se han debatido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo diferentes quejas que se han venido planteando por toda Europea en relación con el uso de la técnica de la fractura hidráulica en los permisos de extracción de gas esquisto
En lo que se refiere a Cantabria, se han debatido dos peticiones, una por parte de Raúl Fernández Pérez, abogado de la organización agraria UGAM-COAG, quien solicitó que su petición (que inicialmente se refería al uso del fracking dentro del permiso Luena) fuese ampliada igualmente al permiso Bezana Bigüenzo.
En relación con ambos, solicitó que se tuviese en cuenta las peculiaridades geológicas y paisajísticas de Cantabria, que implican que el territorio de esta Comunidad sea incompatible con el fracking.
También indicó que resultaba necesario considerar los espacios naturales protegidos directamente afectados y el elevado grado de dispersión de la población Cantabria, que implica la imposibilidad de que haya distancias suficientes en relación con los lugares en donde se pretenda ejecutar esta actividad.
Por último, vino a manifestar que por todas estas circunstancias el fracking implica un gravísimo peligro para la salud de la población, el medio ambiente y la economía de los lugares directamente afectados, que en la actualidad viven en gran medida de sectores como la ganadería, la agricultura o el turismo rural.
Después compareció José Miguel Martínez Postigo, representando a la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, que incidió en la nula participación de los posibles afectados por el permiso Bezana Bigüenzo, señalando que se ha incumplido toda la normativa comunitaria relativa a la participación ciudadana, especialmente el Convenio de Aarhus.
Hizo hincapié en la inexistencia de una evaluación global de las afecciones de los permisos y sondeos del fracking a pesar de que afectan a las dos terceras partes del territorio de Cantabria. Y manifestó la existencia de sondeos recientes, como el Sestero-1, que se pretenden tramitar ‘tomando como base un permiso de investigación ya caducado’.
Por parte del presentante de la Comisión Europea, se señaló que, puesto que actualmente los permisos se encuentran en fase de evaluación ambiental, no cabía pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino esperar a que el Ministerio de Industria continúe con el procedimiento, y de esa forma comprobar posteriormente si el Gobierno de España está cumpliendo la normativa comunitaria.
Tras la intervención del representante de la Comisión Europea, se produjo el debate dentro de la Comisión de Peticiones, en donde fue una nota común la preocupación de los europarlamentarios por los riesgos asociados al fracking, de tal forma que incluso alguno de ellos, como la representante del grupo popular, lamentó la falta de concordancia entre la voluntad de la población (que se opone a la fractura hidráulica) y la actual normativa europea, que no la prohíbe.
Más contundentes fueron los representantes de los grupos de Izquierda Unitaria y Los Verdes, que manifestaron la necesidad de que la Comisión plantease al Gobierno de España su preocupación por el posible uso del fracking en Cantabria dadas sus peculiaridades, así como la necesidad de que se reclamase un estudio completo del subsuelo cántabro, para examinar los potenciales peligros que conllevaría esta técnica.
Finalmente, se decidió respecto a ambas peticiones requerir al Gobierno de España para que aporte toda la información relativa a los permisos para poder estudiarla con más detalle, así como dejar para un momento posterior el pronunciamiento al respecto por parte de la Comisión de Peticiones.
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