El colectivo asegura que los servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte, las pensiones… todo será objeto de negocio para las grandes empresas. Y donde antes había becas ahora habrá créditos, donde había pensiones públicas habrá fondos privados y la cobertura sanitaria pública se convertirá en seguros privados.
Los convocantes aseguran que quienes harán negocio serán los fondos buitre, los grandes bancos y las grandes empresas. Pero lo más alarmante es que en lugar de negociar qué servicios públicos se propondrán para ser privatizados, se ha optado por hacer una lista negativa, es decir, el principio es que todos los servicios públicos son privatizables y si se quiere que alguno no entre en la lista, hay que decirlo expresamente.
En el mundo del trabajo, el TTIP representa ‘una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores’, favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales. ‘Restringe el derecho de sindicación y de huelga. Y por si fuera poco, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas’, afirma el colectivo.
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