Más de tres mil cántabros se desplazarán a Madrid para la manifestación del sábado día 15
- Cantabria
David Laguillo
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- Más de medio centenar de autobuses fletados por la Cumbre Social de Cantabria partirán a primera hora de la madrugada a la capital de España
Más de medio centenar de autobuses saldrán desde Cantabria el sábado 15 con destino a Madrid, donde la Cumbre Social de Cantabria espera reunir a más de 3.000 personas que se unirán horas después a la manifestación contra la política de recortes sociales del Gobierno español, convocada por la denominada Cumbre Social, plataforma nacional integrada por cerca de 900 organizaciones sociales, política y sindicales.
La portavoz de la Cumbre Social en Cantabria, Mercedes Boix, detalló que más de medio centenar de autobuses partirán hacia Madrid desde distintos puntos de la región en lo que será la delegación cántabra en la movilización, al margen de los que decidan ir por su cuenta.
Tanto la portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, como José Carlos Ceballos (presidente de la Coordinadora de ONG) y David Ruiz (Colectivo de Estudiantes), matizaron que el objetivo es congregar en la capital de España a un millón de personas para mostrar «nuestra profunda oposición a las políticas del Gobierno porque cuestionamos su legitimidad y la de unas medidas que no figuraban en su campaña electoral».
Boix recordó que uno de los objetivos de la manifestación del 15 de septiembre en Madrid es forzar al Gobierno a someter su política de recortes a un referéndum, aunque según recalcó, «este Gobierno parece bastante impermeable a las reacciones de la ciudadanía».
«Queremos que la ciudadanía sepa que hay otras alternativas y que sólo se darán si la propia ciudadanía se moviliza», agregó la portavoz de la Cumbre Social de Cantabria, tras apuntar que una de esas alternativas es modificar «una normativa fiscal cada vez más favorable a las grandes fortunas» y combatir «un fraude fiscal, en gran medida vinculado a grandes empresas».
Para Mercedes Boix, el Gobierno español no sólo aplica una política «de recortes de derechos laborales, de ataque a los empleados públicos, de degradación de la enseñanza y la sanidad públicas, de empeoramiento de los servicios sociales»; «también», dijo, «promueve una involución ideológica de carácter conservador y confesional, cuestionando leyes como la Sexual y de Reproducción, reduciendo los recursos contra la violencia de género o criminalizando a los inmigrantes».
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