Más de 70 personas se concentran en Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil

Más de 70 trabajadores de la Administración de Justicia de Cantabria se han concentrado esta mañana en el complejo judicial de Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO, al igual que la realizada el pasado 30 de enero, y a la que hoy se ha sumado UGT y CSIF.

Esta concentración ha tenido por objetivo protestar contra la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de privatizar los registros civiles porque a partir de este momento los ciudadanos van a tener que pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito.

Según el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, no es de recibo que por un “capricho” del ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar el doble por un servicio que ya han sufragado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia realizan gratuitamente en la actualidad.

Bats no entiende “por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, unas actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales”.

Para el portavoz sindical esta medida “acarreará otras graves consecuencias como la pérdida de anonimato” porque los empleados de los registros de la propiedad y mercantiles no son funcionarios y tendrán acceso a determinados datos personales como, por ejemplo, si una personas es adoptada, su estado civil, si es incapacitado, si tiene tutor, si ha sido privada de la patria potestad o se ha sometido a un cambio de sexo, entre otras cuestiones.

También desaparecerá la proximidad del servicio, ha dicho Bats, porque si la medida de Gallardón “sale adelante” ya no habrá una oficina del registro civil en cada municipio y ha criticado que “esta medida está orientada a dar satisfacción a una profesión cuestionada por la propia Unión Europea que no entiende que se cobren aranceles por los servicios públicos”.