En el documento remitido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se destaca que “es evidente que ni la empresa promotora del proyecto, REPSOL, ni el Gobierno de la Nación, muestran respeto a las decisiones de la población de Cantabria, ni de los Ayuntamiento afectados, ni al propio Parlamento que ha decidido prohibir esta técnica, cuestión no baladí en cuanto que la evaluación ambiental debe recoger necesariamente la afección social del proyecto”.
Asimismo, se destacan las recomendaciones realizadas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como la definición de las líneas sísimicas para tener en cuenta la estabilidad de las laderas, o el análisis de los sistemas de karstificación que afectan a los materiales carbonatados, ya que la ejecución de este tipo de investigación geofísica puede reactivar, o inducir a colapsos o afecciones directas al sistema kárstico.
En este sentido, se recomienda estudiar además con detalles las posibles afecciones sobre aguas subterráneas que puedan darse en los corredores por los que discurren las líneas sísmicas, considerando que cualquier afección puede incidir en el medio físico y biótico con gran intensidad.
Por último se expresa que REPSOL, no ha cumplido con las recomendaciones señaladas por el IGME, cuestión que es de vital importancia por cuanto el sondeo está proyectado en la misma localidad en que se encuentra la captación de aguas que da suministro a la bahía de Santander, con el riesgo de contaminación que supone.
De esta manera, desde los Valles Pasiegos se solicita que se anule el proyecto de realización de sondeo estratigráfico en San Martín de Toranzo, dentro del permiso “Luena” promovido por la compañía, por los riesgos para la salud pública y medioambientales que suponen.
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