Los taxistas, en pie de guerra
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David Laguillo
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La Junta Directiva de la Federación Cántabra del Taxi ha decidido secundar la convocatoria de
paros a nivel nacional acordada en el Congreso Nacional del Taxi de España celebrado este
pasado día 6 de abril en Madrid.
El primero de estos paros tendrá lugar este próximo martes día 26 de abril y la movilización que se llevará a cabo en Cantabria dará comienzo a las 10.30 horas en el aeropuerto de Santander-Seve Ballesteros y finalizará frente a la Delegación de Gobierno en Cantabria a las 13:00 horas donde se hará entrega de un manifiesto al Delegado del
Gobierno.
El recorrido será el siguiente: carretera N-636, autovía S-10 y calles Marqués de la Hermida y
Antonio López, bifurcándose a continuación.
Una parte discurrirá por las calles Atilano Rodríguez, Cádiz (con parada y registro de un escrito
en las dependencias de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria), Isabel
II y Calvo Sotelo; y otra parte continuará por el Paseo Marítimo, Glorieta de Puertochico, Paseo
de Pereda y Calvo Sotelo.
El motivo de dicha manifestación es reclamar al Gobierno de España un conjunto de peticiones
sectoriales que consideran fundamentales para la supervivencia del sector.
En primer lugar, que se debe encontrar la fórmula para que la legislación se cumpla y ‘no sea
tan laxa’, no permitiendo que haya una saturación del mercado de transporte de pasajeros en
vehículos de turismo y estableciendo las medidas necesarias para su control. Asimismo, que se
cumpla el desarrollo reglamentario de la LOTT 9/2013, que establece la contingentación de 1
vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis, y dicha proporción ‘no se está
respetando actualmente’, quedando incluso pendiente la entrada de miles de vehículos de
arrendamiento con conductor que pueden suponer ‘un problema incluso de orden social’.
En segundo lugar, con la última modificación del artículo 10º de la ORDEN FOM 2799/2015 de
18 de Diciembre, donde de manera implícita venía recogida la base de operaciones de los
citados vehículos, ‘ésta ha desaparecido, generando con ello un vacío legal, puesto que no se
determina su lugar de origen para la prestación de servicio’, señala el colectivo.
‘Esto ha motivado que haya cientos de vehículos que no tienen muy claro cuál debe ser su punto de partida’, y solicitan de nuevo que se aclare en la normativa este origen del servicio estableciendo de nuevo una
base de operaciones desde la que deben partir los vehículos mencionados.
Como tercer punto recordar que no existe un epígrafe fiscal para los vehículos de
arrendamiento con conductor y están utilizando por actividad similar el epígrafe fiscal 721.2
fijado para la actividad del taxi. ‘Consideramos que este servicio fue concebido como un
servicio de representación y alta gama, y por lo tanto, su epígrafe fiscal debe ser distinto al
nuestro, estableciendo para ello un IVA del 21% como el artículo de lujo que esta actividad
dice ser’, afirman los representantes de los taxistas.
También solicitan que desaparezca la “habitualidad” que permite a los vehículos de
arrendamiento con conductor realizar hasta el 20% de los servicios fuera de su Comunidad
Autónoma reflejada en el artículo 182.5 del ROTT 1057/2015 de 20 de Noviembre, puesto que
ya está sobrepasada la contingentación 1/30 en casi todo el territorio nacional.
Además piden que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una web de
control con un registro de todos los servicios que como indica la legislación vigente, han de ser
previamente contratados, en el que los órganos administrativos, encargados de la vigilancia y
observación del transporte, puedan acceder para verificar el control de dichos servicios.
Igualmente solicitan que la actividad del servicio de taxi tenga consideración de
Servicio Público, ‘con especial protección a la actividad que desempeñamos, no sólo en las
grandes ciudades, sino en el conjunto del territorio nacional, cubriendo las carencias de las
diferentes administraciones por nuestro riesgo y ventura, siendo un sector fuertemente
regulado, que permite a los ciudadanos disfrutar de un servicio puerta a puerta en cualquier
condición y horario, y realizando en la mayoría de las ocasiones una labor social que de otra
manera el Estado debería garantizar a los ciudadanos’, afirman.
«Dentro de esta petición, ya que nuestra actividad está considerada como “penosa” por
diferentes organizaciones laborales, solicitamos ser incluidos como colectivo especial y que se
reconozcan enfermedades profesionales que padecemos, así como poder solicitar
jubilaciones anticipadas con un mínimo de años de actividad cotizados», argumentan.
También piden que se apruebe un distintivo homogéneo y discreto, en cuanto a sus especificaciones técnicas, para este tipo de vehículos de arrendamiento con conductor, con las medidas de seguridad normalizadas, anti
manipulación, así como la Comunidad Autónoma donde está residenciada dicha autorización.
En séptimo lugar, piden no permitir la cesión de la actividad de los concesionarios de dichas
autorizaciones a terceros, ya que actualmente muchas autorizaciones cuyos titulares son
personas físicas o jurídicas, son “gestionadas por conductores” contratados que en realidad
son falsos autónomos, con contratos de disposición para empresas vinculadas a aplicaciones
disruptivas, inmersas en procedimientos judiciales que han de determinar su legitimidad en la
labor que realizan en referencia a la polémica empresa UBER. Tal como tienen por normativa, en sus disposiciones reglamentarias, diferentes autorizaciones de transporte, debe ser el titular de dicha autorización el que explote
la misma.
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