Según los sindicatos, esta reforma supondrá un recorte de más de 7,5 millones de euros en toda España, la mayoría en 2015, una vez realizadas las elecciones en la administración local.
En Cantabria esta nueva ley afectará a casi 1.000 trabajadores y supondrán un recorte de 100 millones de euros y conllevará la pérdida de servicios sociales, sanitarios, educativos, etc, en los servicios que presta la administración más próxima al ciudadano.
CCOO y UGT denuncian que esta reforma afecta especialmente a Cantabria, sobre todo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que suponen el 98% de la región, y a los servicios prestados por los mismos en materia denominadas impropias como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que suponen el 10% del presupuesto de los Ayuntamientos de Cantabria, unos 55 millones de euros.
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