Los pisos turísticos deberían cumplir «las mismas obligaciones que el resto de oferta turística»
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David Laguillo
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La Asociación de Turismo Rural propone que las viviendas de uso turístico cumplan las mismas obligaciones que el resto de la oferta turística en el nuevo decreto
La ATRC pide al Gobierno de Cantabria una estrategia que limite el número de alojamientos en determinadas zonas y asumir competencias en planificación turística.
La asociación recuerda sus esfuerzos por ofrecer una oferta regulada frente a un “turismo especulativo” que pone en peligro el destino de calidad
Santander, 16.4.2024.- Los pisos turísticos están en el ojo del huracán de la polémica, por el negativo efecto que tienen en la población habitual, a lo que se añade la acción de los «fondos buitre» para llevar a cabo la «gentrificación», que es echar de sus barrios a los vecinos de siempre para llenarlos con los nuevos turistas, más rentables.
Estas nuevas situaciones, que han sido generadas de forma artificial e interesada por grupos de interés y poder nacidos al abrigo de las nuevas tecnologías, están en confrontación directa con un derecho básico recogido en la Constitución Española como es el derecho a la vivienda.
La Asociación de Turismo Rural de Cantabria ha presentado en la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria sus alegaciones al trámite de consulta pública para la elaboración del nuevo decreto por el que se regularán las viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma.
En su documento, la ATRC hace hincapié en la exigencia de una equiparación de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) con los alojamientos regulados de turismo rural en cuanto a los requisitos de infraestructuras y equipamientos. Según explica el presidente de la asociación, Jesús Blanco Oporto, “estamos hablando de dos conceptos alojativos similares, en cuanto a funcionalidad y comercialización, pero diferentes en cuanto a medidas”, que considera inexistentes en los pisos turísticos, tanto en equipación como en deberes legales.
Según se explica en el documento remitido a la administración regional, las Viviendas de Uso Turístico deberán contar, “igual que nuestros alojamientos”, con determinadas obligaciones, entre las que cita un seguro de responsabilidad civil específico; inspecciones eléctricas y sanitarias; registro de entrada de viajeros y obligatoriedad de comunicación a la Guardia Civil; unas dimensiones mínimas por estancia en cada una de las unidades alojativas; medidas antiincendios y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, en caso de ser consideradas ‘empresas turísticas’, la ATRC exige que el titular esté dado de alta en la Seguridad Social.
La asociación señala no sólo las características que deben reunir los alojamientos, sino también las acciones de la administración regional para la regulación de los más de 10.000 pisos turísticos surgidos en Cantabria en los últimos años: limitación en el número de alojamientos en determinadas zonas y “asumir competencias en materia de planificación turística en una estrategia de turismo sostenible” que prime la calidad frente a la cantidad. También indica la necesidad de aumentar la plantilla de inspectores para poder “controlar, auditar y, en su caso, incoar expedientes sancionadores contra aquellos que incumplan la normativa prevista”.
Asimismo, la ATRC aboga por dotar a los municipios de capacidad para realizar planeamientos, limitando la oferta por zonas, “siempre justificadamente y de manera proporcional”, como ya se está dando en ciudades como Barcelona, Bilbao o San Sebastián, que “han establecido ya restricciones por zonas y edificios, dependiendo de la presión que se ejerza en el mercado de la vivienda”.
En relación a este punto, la asociación de empresarios de alojamientos rurales asegura que “resultaría interesante contar con la ayuda de la Universidad de Cantabria para hacer un análisis de la capacidad de carga por municipios”, obteniendo los datos imprescindibles para establecer las políticas que favorezcan un mayor desarrollo de los municipios en riesgo de despoblamiento y las medidas correctoras para los municipios saturados.
Por último, también defiende las limitaciones, tanto temporales como en el número de viviendas turísticas por titular, y la obligatoriedad de que la explotación sea como un alquiler íntegro y no por habitaciones, estableciéndose además una capacidad máxima alojativa. Igualmente, pide que el nuevo decreto incluya la exigencia del consentimiento expreso de las Comunidades de propietarios.
En el texto presentado ante la Dirección General de Turismo de Cantabria, la ATRC insiste en la posición que ha venido defendiendo en los últimos años frente al fenómeno de las viviendas turísticas, y es que sus alojamiento se están viendo “dramáticamente perjudicados al tener que competir con establecimientos sin costes de apertura, sin controles, sin personal” y recuerda las iniciativas en defensa de la calidad de los establecimientos, cuando “frente a nosotros, se encuentra un turismo especulativo y extensivo, de candado y código de acceso, de lowcost y sin escrúpulos en cuanto a normas de convivencia”.
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