Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias descienden un 45,7% en el segundo trimestre de 2019
- Cantabria
David Laguillo
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También disminuyen, un 28%, los procedimientos de ejecución hipotecaria, mientras crecen los concursos (un 53%) y los despidos (un 17,3%)
El juzgado de cláusulas dictó 826 sentencias, de las que el 97,1% fueron estimatorias
Se registraron 13 procedimientos por ocupación ilegal de la vivienda
Santander, 7 de octubre de 2019.- Los juzgados de Cantabria practicaron de abril a junio pasado un total de 19 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso del 45,7 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes, descenso más acusado que la media nacional, que fue del 32,9 por ciento.
En el segundo trimestre de este 2019 también disminuyeron los procedimientos de ejecución hipotecaria presentados ante los órganos judiciales de Cantabria –un 28 por ciento-, mientras que los concursales y los despidos experimentaron incrementos del 52,9 y del 17,3 por ciento, respectivamente.
Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos relativos al segundo trimestre de 2019.
En el mismo, también se ofrece información sobre el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, encargado en exclusiva de tramitar todos los procedimientos relativos a cláusulas suelos y otras acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias.
De abril a junio, el juzgado registró 1.043 nuevos asuntos y dictó 826 sentencias, de las que el 97,1 por ciento estimaron las pretensiones de los particulares.
Menos lanzamientos por ejecución hipotecaria
Durante el segundo trimestre de este año se presentaron 59 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, veintitrés menos que un año antes, lo que supone un descenso del 28 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas disminuyó un 46 por ciento.
Por su parte, los lanzamientos practicados pasaron de 182 en el mismo periodo de 2018 a 164 en 2019, esto es, un 9,9 por ciento menos. La media nacional también experimentó un descenso, del 14 por ciento.
De esos 164 lanzamientos practicados, 19 respondieron a ejecuciones hipotecarias –un 45,7 por ciento menos que un año antes-, 131 a impagos de un alquiler –los mismos que en 2018- y catorce a otros motivos.
Más concursos de particulares
Entre los indicadores que estudia el informe para detectar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, se encuentra el movimiento de asuntos concursales, tanto los presentados en el Juzgado de lo Mercantil de Santander -que responden a empresas-, como los que se registran en los juzgados de primera instancia de la región -que son los que se refieren a particulares.
En el segundo trimestre de 2019 se presentaron un total de 26 concursos –18 de empresas y ocho de persona física-, frente a 17 del mismo periodo de 2018 –siete de empresas y diez de persona física. Ello supone un incremento global en los concursos de 52,9 por ciento, destacando el aumento de los concursos en el Juzgado de los Mercantil –un 157,1 por ciento más- frente al descenso de los concursos en los juzgados de primera instancia –un veinte por ciento menos.
Por otro lado, el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró once concursos; en uno se abrió fase de convenio y en once se fue a la liquidación. Además, el juzgado recibió cinco expedientes de regulación de empleo presentados por empresas que se encuentran en situación de concurso.
Más reclamaciones de cantidad
La incidencia de la situación económica también se evalúa en el movimiento de asuntos de los juzgados de lo social o laborales, donde se presentan tanto las demandas de despido como aquellas en las que los trabajadores reclaman el pago de una cantidad por parte de sus empleadores.
Durante el segundo trimestre de 2019, los seis juzgados de lo social de Santander registraron un total de 271 demandas por despido, cuarenta más que las que se presentaron un año antes, lo que supone un incremento del 17,3 por ciento. La media nacional aumentó un 9,1 por ciento.
Las reclamaciones de cantidad fueron 465, las mismas que en el mismo trimestre de 2018. A nivel nacional, este tipo de procedimientos también permaneció estable, con un incremento de apenas el 0,1 por ciento.
Por otro lado, los procedimientos monitorios, que se presentan en los juzgados de primera instancia y son aquellos en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, ascendieron a 2.041, frente a los 1.973 de un año antes, un aumento del 3,4 por ciento.
La media del conjunto de todas las comunidades registra un incremento del 11,2 por ciento en este tipo de procedimientos.
Juzgado de Cláusulas
Junto a ello, en los últimos trimestres el informe incluye datos relativos a la actividad de los juzgados de primera instancia que están tramitando acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, como los procedimientos sobre cláusulas suelo.
En Cantabria, el órgano que tramita este tipo de procedimientos es el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, que a lo largo del segundo trimestre de 2019 recibió un total de 1.043 asuntos de este tipo, resolvió 1.236 y a 30 de junio permanecían en trámite 5.843. Además, dictó un total de 826 sentencias, de las que el 97,1 por ciento resultaron estimatorias.
Finalmente, el informe incluye información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, dada la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre este asunto.
Estos procedimientos verbales están destinados a que las personas físicas, y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda, que sean titulares legítimas de ésta, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar la posesión en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas.
En Cantabria, en el segundo trimestre de 2019, los juzgados de primera instancia registraron trece asuntos de este tipo, de los que nueve fueron resueltos y a 30 de junio dieciséis permanecían en trámite.
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