Los informes de la Intervención General revelaron advertencias severas a la contratación y a la forma de hacer la contabilidad

Ningún informe favorable en 2010

El gobierno de Cantabria ha informado este sábado de que los informes de la Intervención General sobre el sector público empresarial y fundacional del Gobierno de Cantabria, relativos a los años 2008, 2009 y 2010, que fueron realizados por los servicios de control adscritos al anterior Ejecutivo, revelan ‘advertencias severas’.

En concreto, estas advertencias se focalizan en los procesos de contratación, tanto de personal como de obras y servicios, y alertan de que la forma de hacer la contabilidad no permite conocer, a ciencia cierta, la verdadera situación patrimonial de algunas sociedades.

De los 43 análisis contables realizados por la Intervención General, solamente hay cuatro favorables, tres de ellos correspondientes al año 2008 y uno al 2009, mientras que en 2010 no hubo ninguno favorable.

El Gobierno de Cantabria afirma que, haciendo públicos estos datos, quiere «mostrar a los ciudadanos que ahora existe un control férreo sobre el gasto público» y que «se van a corregir todas las deficiencias señaladas por la Intervención General de Cantabria».

Por otro lado, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, asegura que las auditorías de gasto y eficiencia que anunció durante la campaña electoral ya están en plena fase de ejecución, y se prevé que los resultados estén a disposición del Gobierno regional en septiembre y octubre. Ignacio Diego confirma además que, una vez hayan finalizado esas auditorías, dará a conocer su resultado a los cántabros.

‘Mala contabilización y negligente presentación de cuentas’

Entre las deficiencias señaladas en los informes de la Intervención General de Cantabria, destaca que en varias sociedades y a lo largo de distintos ejercicios se repiten los mismos patrones: anomalías en los procesos de contratación de personal y de contratación de obras y servicios; mala contabilización y negligente presentación de las cuentas anuales y ausencia del inventariado del patrimonio en diversas sociedades y fundaciones del sector público, entre otras salvedades aportadas por Intervención.

Incluso, señala que algunas fundaciones solo ejecutaron su presupuesto en menos de un 50% (caso de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social), habiendo recibido aportaciones dinerarias próximas a la fecha de cierre, cuando en el remanente de sus transferencias se observaba un saldo superior al 50% del global anual.