LIBRES pide la dimisión del Delegado del Gobierno
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David Laguillo
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-Según el colectivo LIBRES, el Delegado ‘se niega a facilitar información al juzgado’ para identificar a los agresores
-El colectivo cántabro cree que Ruiz mantiene un ‘patrón de vulneración de las libertades y los derechos fundamentales de los cántabros’
La Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (LIBRES) cree que el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz “ha rebasado el límite” en el caso de los insultos y agresiones protagonizadas por un grupo de personas que portaban banderas con símbolos preconstitucionales en Santander el pasado 27 de octubre y que ahora ha archivado el Juzgado de Instrucción Nº 2 por “falta de autor conocido”.
“El delegado del Gobierno conoce perfectamente la modificación que se hizo en 2015 a la Ley de Enjuiciamiento criminal que obliga a los jueces a archivar los casos si no hay autor conocido y, a pesar de que la Policía Nacional identificó a 11 personas, no ha facilitado la información al juzgado”, opina el abogado y uno de los portavoces de LIBRES Darío Serrano.
LIBRES recuerda que las agresiones y amenazas se produjeron a las puertas del Palacio de Festivales, durante un acto de Podemos y las víctimas fueron miembros de este partido y periodistas que cubrían el evento.
Normalmente, la Delegación remite las identificaciones a los juzgados, “y más en un caso como este que fue mediático y por el que se presentaron varias denuncias”, pero no ha sido así en este caso. LIBRES considera que Ruiz debe ‘dimitir de forma inmediata porque esta actitud’, “nada democrática y con el agravante de su conocimiento de los cambios en la ley de enjuiciamiento criminal”, se suma a “la aplicación desmesurada de la Ley Mordaza en Cantabria y con una forma de procesar los expedientes que genera indefensión en la ciudadanía, como acaba de ratificar el Defensor del Pueblo en un informe”.
LIBRES considera que el “excesivo celo” que ha mostrado el Delegado del Gobierno en los casos de protesta social o en los escraches, con detallados informes e identificaciones masivas, se convierte en “dejación de funciones” cuando se trata de agresiones “fascistas que, además, estuvieron cargadas de sexismo”.
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