Las denuncias por violencia de género crecen un 12% en Cantabria
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David Laguillo
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Se reducen las renuncias de las víctimas a continuar con el proceso, mientras que aumentan las peticiones de órdenes de protección y también las condenas a los agresores
19 de diciembre de 2014.-
Las denuncias por violencia de género ascendieron a 347 en Cantabria durante el tercer trimestre de este año, lo que representa un crecimiento del 12% respecto a las que llegaron a los juzgados cántabros en el mismo periodo de 2013.
Además, se redujeron un 16% las renuncias por parte de las víctimas a seguir con el proceso, mientras que aumentaron un 12% las órdenes de protección solicitadas y un 13,6% las condenas a los hombres agresores.
Así se desprende del informe difundido hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, que trimestralmente da a conocer la actividad de los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer así como de los que tienen competencias compartidas (llevan Violencia de Género pero también otros asuntos).
En Cantabria, existe un Juzgado de Violencia sobre la Mujer con competencias exclusivas, con sede en Santander y jurisdicción en su partido judicial. En los siete partidos judiciales restantes el antes, uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del territorio asume las competencias en Violencia de Género.
El 34% de las denuncias llega por atestado policial
Durante el primer trimestre de 2014, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cantabria registraron un total de 347 denuncias. El 42% de ellas fueron presentadas por la propia víctima en el juzgado o en comisaría; en el 34% de los casos, la denuncia se presentó por intervención policial; el en 19,6% fue consecuencia de un parte de lesiones; en un 2,9% fueron los servicios de asistencia quienes formularon la denuncia y en un 1,2% de los casos, la denuncia la presentaron los familiares de la víctima.
En el periodo analizado, 10 víctimas renunciaron a seguir adelante con el proceso judicial, dos renuncias menos que las registradas en el mismo trimestre de 2013, esto es, una disminución del 16,6%. Seis de esas mujeres eran españolas y cuatro extranjeras.
Una ratio de denuncias/renuncias de las más bajas
El informe hoy difundido analiza distintas ratios que permiten apreciar que en Cantabria se presentan menos denuncias que la media nacional, y que la relación entre las denuncias presentadas y las renuncias al proceso es de las más bajas.
De julio a septiembre de este año, se presentaron un total de 11,5 denuncias por cada 10.000 cántabras, un índice más bajo que la media, que se sitúa en 14 denuncias por cada 10.000 españolas, y bastante alejado del índice más alto: el de Baleares (24,4 denuncias por cada 10.000 mujeres residentes en las islas), Canarias (17,7 denuncias por cada 10.000 Canarias) o Valencia (17,3 denuncias por cada 10.000 valencianas).
Con menos denuncias por cada 10.000 ciudadanas se encuentran La Rioja (6,6), Extremadura (9,0) o Galicia (9,3).7
La ratio que analiza la relación entre las denuncias y las renuncias, sitúa a Cantabria a la cabeza, sólo por debajo de Aragón, donde sólo se renuncia al 2,4% de las denuncias presentadas.
En Cantabria, apenas en el 3% de las ocasiones la víctima renuncia al proceso, lo que contrasta con la media nacional (el 12%) y los índices más altos de Murcia (21%) o Asturias (18,5%).
Maltrato habitual, el tipo delictivo más frecuente
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cantabria registraron un total de 349 asuntos por delito durante el tercer trimestre de 2014.
Los tipos delictivos más frecuentes son los de malos tratos y, en concreto, el maltrato habitual, en el que la actitud del agresor es persistente y logra crear un clima de pánico en la familia (artículo 173 del Código Penal).
Por este delito, para el que se prevé una pena de seis meses a tres años de prisión, se presentaron 122 asuntos.
En otras 94 ocasiones el delito investigado fue el del artículo 153, esto es, el maltrato sin lesión, o con una lesión que no requiere más que de una primera asistencia médica y cuya condena va de seis meses a un año de prisión.
En otras 12 ocasiones, se iniciaron causas por un delito de maltrato con lesión que requiere asistencia médica, y cuya condena va de los seis meses a los cinco años de cárcel (artículo 148 del C.P.).
Además, cuatro de los delitos investigados lo fueron contra la libertad (amenazas y coacciones), otros cuatro contra los derechos y deberes familiares, en otras dos ocasiones lo fue por un delito contra la integridad moral y en otra ocasión por un delito contra la libertad e indemnidad sexual. A ello hay que sumar cinco causas por quebrantamiento de medidas judiciales.
Asimismo, se registraron 17 asuntos por faltas, fundamentalmente por injurias y vejaciones.
Crecen las órdenes de protección
Durante el periodo analizado creció el número de denuncias y, consiguientemente, también el de órdenes de protección interesadas, con un aumento registrado del 12%.
De las 104 órdenes de protección solicitadas, los jueces de Violencia sobre la Mujer acordaron el 56% de ellas.
En todos los casos, las órdenes de protección fueron incoadas a instancia de la víctima, siempre mayor de edad y mayoritariamente española (89 frente a 15 extranjeras).
Asimismo, en una inmensa mayoría (87 casos) el hombre frente al que se solicitaba la orden de protección era español y sólo en 14 ocasiones el denunciado era extranjero.
Entre las medidas judiciales de protección acordadas, las penales fueron mayoritarias (203) frente a 60 civiles. Entre las primeras, destacan dos medidas privativas de libertad, 70 alejamientos, 67 prohibiciones de comunicación y 38 suspensiones de tenencia y uso de armas.
Entre las medidas civiles, se acordaron 14 suspensiones de guardia y custodia, seis suspensiones de régimen de visitas y una suspensión de patria potestad.
El 92,6% de los enjuiciados, condenados
Entre junio y septiembre de este año, un total de 54 hombres fueron enjuiciados por Violencia de Género, de los que sólo 5 eran extranjeros.
En el 92,6% de los casos, los enjuiciados fueron condenados (sólo cuatro absueltos, que eran españoles), lo que representa una importante subida respecto a 2013, cuando las condenas representaron el 79% del total de personas enjuiciadas.
Por último, el informe también analiza la relación entre la denunciante y el denunciado. Se observa que en el 56,7% de los casos existía relación, mientras que en un 43,27% de las ocasiones la relación ya había finalizado en el momento de interponerse la denuncia.
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