Agregan que el modelo que tenían las Cámaras españolas, Corporación de Derecho Público con afiliación y cuota obligatoria, es el que existe en los países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Holanda o Austria, entre otros) y su legalidad ha sido sistemáticamente refrendada por resoluciones judiciales en todos los ámbitos, tanto desde el constitucional español (Sentencia 107/1996 de 12 junio) como en el derecho comunitario (Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-271/82, C-58/98 y C-215/01). Además, es plenamente compatible con lo establecido en la Directiva de Servicios.
El sistema de financiación que tenían las Cámaras era ‘un ejemplo de transparencia’ en la obtención y asignación de ingresos, pero el nuevo Real Decreto deja la continuidad de estas tareas a los ingresos que se obtengan por cuotas voluntarias y facturación de servicios, lo que pone ‘en cuestión’ una institución con 125 años de historia al servicio de todas las empresas.
El Pleno del Consejo Superior de Cámaras, además no comparte el planteamiento recogido en la decisión adoptada por el Gobierno de que esta medida sirva para apoyar a las pymes. Según las Cámaras, la reducción de costes que la medida adoptada supone para las empresas, principalmente las de mayor dimensión (el 0,85% de las empresas pagan el 70% del recurso cameral permanente), es ‘insignificante’ comparado con el daño que a medio y largo plazo puede tener sobre la mejora de la competitividad del tejido empresarial español, especialmente de las pymes.
A juicio de las Cámaras, las pequeñas y medianas empresas tendrán mayores dificultades para acceder a medidas de apoyo e impulso para la internacionalización, la formación, la innovación o el uso de las nuevas tecnologías, cuestiones todas ellas que son prestadas por las Cámaras de Comercio. También, los emprendedores tendrán más problemas para crear una empresa, agregan.
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