La Unión propone tres medidas contra la corrupción en Cantabria
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David Laguillo
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- Si no se cambia el sistema de adjudicación de contratos públicos, la corrupción política será ‘eterna’, según La Unión (LU).
- Proponen tres medidas prácticas para adoptar en toda la Administración Pública de Cantabria.
- “En ninguna adjudicación pública, el precio ha de suponer menos del 75% de la puntuación otorgada a las empresas concursantes”.
- “Renuncia en la Administración Pública de Cantabria de utilización del procedimiento negociado para adjudicar obras y servicios.”
- “Rebajar el importe máximo de los contratos menores hasta 15.000 € en contratos de obras, y hasta 6.000 en el resto de contratos”.
- Son medidas de ‘medicina preventiva’ contra la corrupción política
Santander a 16 de Noviembre de 2014.-
LA UNIÓN (LU) defendió que “nunca se acabará con la corrupción política si no se cambia el sistema de contratos públicos”, y propuso tres medidas prácticas, que insta al Gobierno Regional de Cantabria y todos los Ayuntamientos de la región, como “prevención de la corrupción”.
Rafael Sebrango, Presidente de la formación política, señaló que “el por qué empresarios pagan a políticos para adjudicarse contratos que salen a concurso”, sólo tiene como respuesta en que “han creado un sistema perfectamente legal para manipular a la carta contratos y concursos públicos”.
“Es obvio que sería una estupidez pagar a un político por una adjudicación, si no fuera porque el concurso es perfectamente manipulable”, aseveró, lo cual “no es una casualidad”, sino que “obedece a un plan ideado para favorecer la corrupción política, mediante las sucesivas reformas en la legislación de contratos públicos”.
Para LA UNIÓN (LU) es “absolutamente vergonzoso que hoy en día, el precio de la obra o del servicio a contratar no sea lo más importante en un contrato público”.
Por ello, como primera medida proponen: “En ninguna adjudicación pública, el precio ha de suponer menos del 75% de la puntuación otorgada a las empresas concursantes”.
En la actualidad, indicó Sebrango, en los grandes concursos, “como los de la gestión del agua y los de basuras”, se produce “una llamada a la corrupción”, porque, según relató, “el precio es lo que menos puntúa, y lo que más criterios puramente subjetivos, pensados para decidir políticamente la adjudicación”.
Como ejemplo de ello puso el contrato de basuras de Santander, donde 58 puntos de los 100 consistían en criterios “que el propio pliego ya reconocía que eran por criterios subjetivos”.
“En estos contratos se mueve mucho dinero”, y por ello, resaltó “deliberadamente se utiliza para las grandes adjudicaciones, como son el agua y las basuras”.
La segunda medida propuesta es: “Renuncia en la Administración Pública de Cantabria de utilización del procedimiento negociado para adjudicar obras y servicios”.
En el sistema negociado, “el derecho de admisión a empresas concursantes está reservado”.
“El organismo adjudicador se pone en contacto con empresarios de confianza, con los que negocia el contrato, y elige a quién quiera”.
Para Sebrango, “este sistema está al servicio de la corrupción”, y es especialmente grave porque a través de él “se pueden adjudicar obras de hasta 1 millón de euros”.
La tercera medida práctica consiste en: “Rebajar el importe máximo de los contratos menores hasta 15.000 € en contratos de obras, y hasta 6.000 en el resto de contratos”.
Los contratos menores “son ampliamente utilizados, tanto por la Administración como por sus Empresas Públicas”, y se producen las adjudicaciones “por adjudicación directa a la empresa que le dé la gana”, por lo que “se utiliza para dar trabajo a empresas de confianza del Partido político que gobierne”.
En estos momentos, se pueden dar trabajos de obra, directamente, sin concurso ni libre concurrencia y competencia entre empresas, por importe de 50.000 €, y de 18.000 € para suministros y servicios de todo tipo”.
“Adoptar estas tres medidas en el Gobierno Regional y los Ayuntamientos de Cantabria, y sus empresas públicas”, señalan desde LA UNIÓN (LU), “es la mejor medicina para combatir la epidemia de corrupción política”.
“Con estas medidas se convierte en una estupidez para un empresario pagar dinero a políticos, porque no tendría garantizada la adjudicación del contrato”, y “mientras no se modifique el sistema de contratación pública, la corrupción política seguirá existiendo”.
“Estas son medidas de prevención de la corrupción”, finalizaron “mucho más útiles que la persecución penal del corrupto, en las que ya no podemos recuperar el dinero público malversado”.
“Instamos al Gobierno Regional de Cantabria y todos y cada uno de los Ayuntamientos de Cantabria”, remataron, a que adopten estas “medidas de prevención de la corrupción política”.
“Si no se inicia este camino, podremos quejarnos eternamente, pero la corrupción política será permanente”.
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