La Policía Nacional detiene a 23 personas por explotar sexualmente a mujeres en clubes de alterne de Cantabria y Vizcaya
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David Laguillo
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La organización criminal captaba a mujeres de origen sudamericano, principalmente nacionales de Venezuela, Paraguay y República Dominicana, con la promesa de un futuro prometedor en España y una vez en nuestro país eran obligadas a prostituirse para saldar la deuda contraída que ascendía hasta los 6.000 euros
Las víctimas eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que podían aumentar cuando algún cliente lo requería, y debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz
La investigación continúa abierta ya que se están analizando los complejos sistemas financieros y societarios, utilizando a testaferros y a terceros expertos en la materia, para blanquear los beneficios obtenidos
19-julio-2018.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas que, presuntamente, conformaban una red dedicada a la explotación sexual de mujeres en dos clubes de Cantabria y Vizcaya que han sido clausurados. La organización criminal captaba mujeres sudamericanas, principalmente nacionales de Venezuela, Paraguay y República Dominicana, con la promesa de un futuro prometedor en España. Las víctimas eran sometidas a jornadas de hasta doce horas diarias, que podían aumentar cuando algún cliente lo requería, y debían pagar 55 euros diarios en concepto de alojamiento y luz. Las tres mujeres liberadas eran prostituidas hasta pagar la deuda, que en algunos casos ascendía hasta los 6.000 euros, por lo que les retiraban todos los ingresos que obtenían.
Testimonio de una víctima que consiguió escapar de la red
La investigación comenzó gracias a la declaración de una testigo protegida que logró escapar del control de la red criminal y denunció los hechos sufridos y puso de manifiesto la existencia de una red criminal dedicada a la trata de mujeres sudamericanas con fines de explotación sexual.
Durante la investigación, los agentes comprobaron que la red criminal estaba dividida en dos organizaciones independientes que colaboraban estrechamente. Sin embargo, gradualmente fue aumentando la violencia entre ambas, teniendo lugar en Santander una fuerte reyerta entre miembros de ambas con varios heridos de gravedad.
Los captores buscaban víctimas vulnerables por su situación económica y familiar en países con crisis humanitaria como el caso de Venezuela, ofreciéndolas un futuro prometedor en España. Ellas aceptaban de forma desesperada, sin apenas cuestionarse qué iba a ser de su vida o cuáles iban a ser las condiciones del viaje. Para su captación, la organización utilizaba intermediarios que se encontraban en los países de origen y otros que se encontraban en España, pero que tenían vínculos con dichos países.
Extenuantes horarios para saldar la deuda
Una vez llegaban a nuestro país, las víctimas descubrían las elevadas cantidades que adeudaban con la organización criminal -hasta 6.000 euros en algunos casos- y las condiciones de explotación a las que eran sometidas. Extenuantes horarios que comenzaban a las 17:00 hasta las 04:00 horas de domingo a jueves, aumentando en una hora la jornada los viernes y sábados o en más horas si algún cliente así lo pedía. Los explotadores fijaban los precios por los servicios sexuales, teniendo en ocasiones que realizar servicios “fiados” a clientes “VIP” o habituales que no llegaban a cobrar, además de sufrir abusos sexuales por parte de los jefes de la organización.
Todos los ingresos que ganaban eran retirados hasta saldar la deuda contraída por el viaje y pagaban diariamente 50 euros en concepto de alojamiento más 5 euros en concepto de luz. Cada mujer debía tener una media de tres encuentros sexuales diarios, teniendo en cuenta que algunos días no había clientes por lo que debían compensar otras jornadas con cinco y siete encuentros.
Las normas eran muy estrictas ya que todas las mujeres que no estaban a la hora en el salón se veían sometidas a amenazas, presiones, aumento del pago en concepto de casa y hasta la expulsión del club. A pesar de pagar 50 euros diarios en concepto de alojamiento, las víctimas debían encargarse de la limpieza de las instalaciones y, aunque en este concepto estaba incluida la comida, ésta era de ínfima calidad lo que le reportaba más beneficios a sus explotadores.
Además de la explotación sexual, las víctimas debían alternar con los clientes ya que se les sugería, a cambio de una comisión, incitarles a que consumieran. Junto a esta explotación laboral por medio del alterne, se investigan posibles delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales cometidos a través de complejos sistemas financieros y societarios, utilizando para ello a terceros expertos en la materia y a testaferros.
Viaje hasta España simulando ser parejas turísticas
Los investigados utilizaban pasadores para trasladar a las mujeres a nuestro país. Sin embargo, en ocasiones eran los propios cabecillas de la organización quienes viajaban con ellas para asegurarse el cruce de la frontera. Se hacían pasar por sus parejas para “protegerlas” de las preguntas por parte de las autoridades, dotando al viaje de una apariencia turística para pasar más inadvertidos. Una vez en España eran trasladadas a un club de Cantabria donde comenzaba su explotación sexual y laboral.
Tras analizar todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el dispositivo operativo y detuvieron a 23 personas, seis de ellos siguen actualmente en prisión. El núcleo de la operación se ha desarrollado principalmente en Cantabria y Vizcaya donde se han detenido a 12 y 6 personas respectivamente, practicándose 6 registros y la clausura de los dos clubes de alterne. Además varios implicados han sido detenidos en las provincias de Palencia (1), Valladolid (1) y Burgos (3). En los registro se han intervenido más de 1000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de drogas, armas blancas, un bate de beisbol y cartuchos del calibre 38, así como abundante documentación contable y bancaria y varios dispositivos electrónicos entre ellos terminales telefónicos de última generación.
Con la trata no hay trato
Para aquellos ciudadanos que quieran colaborar y denunciar hechos constitutivos de trata de seres humanos y explotación sexual, así como para víctimas que busquen ayuda, Policía Nacional cuenta con el teléfono 900 10 50 90, además del correo electrónico [email protected]. La denuncia es anónima y confidencial, sin que la llamada quede reflejada en la factura.
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