La Policía Nacional desarticula una red organizada dedicada a la falsificación de certificados médicos
- Sucesos
David Laguillo
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Los compradores pagaban entre 200 y 3.000 euros a la organización por cada certificado falso para regularizar su situación administrativa en España por la vía de arraigo social
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red organizada dedicada a la falsificación documental y a las estafas. En la operación se ha detenido a 93 personas, diez de las cuales eran miembros del grupo organizado dedicado a la falsificación de certificados médicos, principalmente en las localidades de Reus y Tarragona. El resto de los arrestados son compradores que pagaban entre 200 y 3.000 euros por cada certificado médico. Estos documentos eran empleados para intentar regularizar su situación administrativa en España por la vía de «arraigo social». El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener partes médicos aparentemente expedidos por un facultativo, también implicado en la trama y detenido en la operación.
Arraigados por falsos papeles
Las investigaciones se iniciaron el pasado verano al detectarse la falsedad de un parte médico presentado por un ciudadano de nacionalidad marroquí que había solicitado la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (arraigo). Los agentes pudieron comprobar la existencia de más de un centenar de ciudadanos extranjeros en situación irregular que habrían presentado la documentación preceptiva para regularizar su situación administrativa en España utilizando partes médicos para justificar una estancia en territorio español superior a la requerida por la ley.
Entre los 93 detenidos se encuentran los diez máximos responsables de esta organización. Cada uno de ellos tenía asignadas funciones distintas: unos se encargaban de captar a los posibles clientes, otros de realizar las falsificaciones y, finalmente, unos terceros efectuaban las entregas de los documentos falsificados. Además, los restantes 83 arrestados eran ciudadanos extranjeros en situación irregular que habían presentado los documentos en la Subdelegación del Gobierno de Tarragona para, con los papeles falsificados, solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Los documentos eran adquiridos por un precio que oscilaba entre los 200 y 3.000 euros.
Los suministradores de la red contactaban con extranjeros en situación irregular y les ofrecían «servicios» para regularizar la documentación requerida en España gracias a un parte médico de asistencia «legal», ya que estaba efectuado por un médico de Barcelona. Con este documento podían justificar su estancia en España en una fecha anterior a su llegada real, para poder demostrar los años precisos para la regularización administrativa. Para ello solicitaban la documentación personal y, pasados unos días, volvían a contactar con la «víctima» y le hacían entrega del documento falso a cambio de dinero.
Los máximos responsables de esta red, la mayoría de países del norte de África, actuaban en la localidad de Reus, principalmente en su estación de autobuses, un centro comercial y en los alrededores de la mezquita de la localidad.
Cabe destacar, que entre los implicados hay un profesional de la medicina que fue detenido en las inmediaciones de Barcelona y que ha trabajado en algunos centros sanitarios de donde provienen las falsificaciones. Su presencia en el entramado era necesaria para dar una apariencia de oficialidad a los documentos falsificados, imprescindible para que los extranjeros irregulares accedan a la compra de aquellos.
La investigación continúa abierta para determinar la plena identificación y detención de todos los implicados, no descartándose que haya más detenidos en otras localidades de España.
La operación ha sido realizada por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría Provincial de Tarragona, la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y el Grupo Operativo de Tortosa.
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