La plataforma Stop-Desahucios denuncia ante el Decanato y la Delegación del Gobierno al dispositivo antidisturbios del último desahucio
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David Laguillo
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Antonio González Javega, como portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, presentó hoy denuncia y queja en el Decanato de los Juzgados de Santander y en la Delegación del Gobierno en Cantabria por el comportamiento de los miembros del dispositivo antidisturbios –en particular, del jefe del dispositivo – en el desahucio del pasado lunes en la calle Cardenal Herrera Oria de Santander.
En la denuncia, Antonio González Javega acusa al jefe del dispositivo y los miembros de la unidad que participaron en los hechos de abuso de autoridad y de usurpación de atribuciones.
Concretamente, el portavoz de la plataforma dice literalmente: “A las 9 de la mañana nos encontrábamos medio centenar de personas en la entrada del portal de la vivienda. A los pocos minutos llegaron dos coches de antidisturbios. De uno de los vehículos salieron varios policías y uno de ellos, con un aspecto físico muy reconocible ya que mide más de dos metros, se acercó a nosotros. Dicho policía no se identificó en ningún momento ni explicó las razones, más allá de lo obvio, por las que estaba allí. Nada más llegar, el policía nos empezó a amenazar y a mi me dijo: ‘No me duras ni cinco minutos’. Esto lo repitió en varias ocasiones en un tono muy amenazante. Yo estaba en la puerta. Y entonces llegó una vecina. Nosotros no la impedimos el paso en ningún momento, pero estábamos tres o cuatro personas con otros tantos policías en la entrada. Y no podía pasar si no nos apartábamos todos. Los policías se pusieron entonces muy nerviosos y agresivos. Nosotros la dejábamos pasar sin ningún problema pero la entrada la bloqueaban los policías en ese momento. Era una situación absurda. Nosotros les repetimos otra vez que la dejábamos pasar e incluso intentamos apartamos –los propios policías nos impedían hacerlo de forma suficiente –.Entonces varios policías, sobre todo el funcionario de dos metros descrito, se abalanzaron sobre mí y sobre otro activista. Nos agarraron y recibimos empujones de manera brutal. A mi, literalmente, me arrancó de allí el policía de dos metros ya descrito”.
Para Antonio González, “todo lo descrito en la denuncia se hizo sin mediar ningún tipo de explicación y a pesar de que la comisión judicial no se personó para levantar acta. Los policías estaban muy nerviosos y agresivos. Fue un abuso de autoridad de libro y una clara usurpación de funciones ya que actuaron sin la preceptiva actuación de la comisión judicial. Incluso intentaron entrar en el portal, aunque no tenían ninguna orden judicial al respecto”.
El relato de los hechos se acompaña de una serie de fundamentos jurídicos donde se explican las presuntas irregularidades cometidas por el dispositivo policial. En el texto de la denuncia se dice que “los dispositivos policiales de auxilio judicial deben cumplir una serie de normas en los lanzamientos, tanto en los procedimientos civiles como penales”. Y se señalan las leyes conculcadas a juicio del denunciante: la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (en particular, los art. 476 y 478), el Real Decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial y el Reglamento 2/2010 sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales”.
“Esperamos que las autoridades judiciales y administrativas tomen cartas en el asunto. Nosotros ni somos optimistas ni dejamos de serlo. Sabemos cómo funciona el sistema. Pero lo que tenemos claro es que si vuelven a producirse hechos similares, volveremos a denunciar hasta que nos den la razón. No se pueden consentir estos abusos. Pagamos a la policía para que nos proteja, no para que nos maltrate”, finaliza el portavoz de la plataforma.
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