CNSV asegura que la ley recorta las administraciones públicas por abajo despreciando el papel de las entidades locales menores (ELM) – juntas vecinales, concejos, parroquias – a favor de las provincias a través de las diputaciones. Iniciados los trámites parlamentarios, en octubre los partidos políticos podrán presentar enmiendas.
Los cambios sustanciales que se proponen respecto a entidades locales y mancomunidades, pese al informe negativo del Consejo de Estado, suponen un 1% del ahorro total previsto por el Gobierno en la ley: 72,8 millones de euros ahorrados al precio de ‘alejar los centros de decisión y mermar la cantidad y la calidad de los servicios rurales’ traspasando la gestión a manos de ayuntamientos y diputaciones.
Una charla-debate organizada conjuntamente por ACPT y CNSV, el próximo martes 29 de octubre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Torrelavega, tratará este asunto. En la charla intervendrán Jerónimo Aguado (presidente de ‘Plataforma Rural-Alianza por un mundo rural vivo’) e Isabel Fernández (pedánea de Cóo de Buelna) quienes expondrán las consecuencias de este proyecto de ley, y las iniciativas que se están llevando para que no entre en vigor.
Para Jerónimo Aguado, que es, además, uno de los impulsores de la Universidad rural Paulo Freire: «Esta ley abre el camino hacia un nuevo expolio del medio rural y tiene dos objetivos soterrados: el primero es la privatización de los bienes comunes y el segundo la privatización de los pocos servicios públicos que van quedando en los pueblos».
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