La Justicia acorrala a los semilleros de los falsos autónomos
La organización CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español) se ha congratulado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la multinacional estadounidense Uber, declarándola como empresa de transporte y no exclusivamente una plataforma digital de intermediación, por lo tanto no podrán utilizarse conductores particulares para el transporte de pasajeros. «Ahora, la legislación española puede y debe, a nuestro juicio, exigirle estar en el mercado del transporte legalmente», señala CIAE en un comunicado.
CIAE tacha como ‘sorprendente’ que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) defienda a empresas extranjeras tipo UBER y Cabify, «auténticos semilleros de falsos autónomos, desenmascaradas ahora por esa sentencia del TJUE».
«Es vergonzoso que la CNMC haya dedicado sus medios a elaborar un informe contra el proyecto de real decreto que regulaba las licencias VTC (las que utilizan plataformas como UBER y Cabify) y que se
diga en el informe que regularlos daña la competencia en el sector. Se demuestra la ineficacia e irrelevancia de la CNMC, una vez más, y ya son muchas. Para CIAE ese organismo queda desautorizado para ser un vigilante
imparcial de la igualdad de oportunidades. ¿Para cuándo la dimisión de su Presidente?», apunta CIAE.
«Ya era hora que algún organismo estatal nacional quitara la máscara a las plataformas digitales, falsamente colaborativas, que se saltan a la torera las normas. Nos referimos a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia que en respuesta a la denuncia de varios mensajeros de la empresa Deliveroo ha dictaminado que los repartidores son tratados como falsos autónomos, lo cual supone un fraude a
la Seguridad Social y un delito contra el derecho de los trabajadores. Otras empresas de esas características como Just Eat o Glovo desarrollan actualmente su actividad con los mismos criterios de fraude laboral».
«Entendemos que con esos mismos principios la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado debería actuar contra Amazon Flex que ofrece al falso autónomo repartidor de paquetería una remuneración de 14 euros brutos
por hora, al descontar los gastos de gasolina, mantenimiento del coche, cuota de autónomo, teléfono y demás gastos, la hora neta queda en un salario tercermundista por debajo del salario mínimo. Con este tipo de actuación
salvaje, esas plataformas pretenden aprovecharse del vacío legal y de la precariedad del mercado laboral para destrozar la libre competencia con sus normas y garantías. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia han sido claros en sus sentencias», señala CIAE.
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