La Inspección de Trabajo en Cantabria logra transformar 1.700 contratos temporales en indefinidos
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David Laguillo
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La consejera Eugenia Gómez de Diego participa en el pleno nacional del Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Santander- 28.09.2022.- El plan nacional de choque contra el fraude en la contratación que ha puesto en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha logrado la trasformación en Cantabria, en los últimos 4 meses, de 1.699 contratos temporales en indefinidos
Una actuación que se inició en mayo de este año en todo el territorio nacional y que en esta primera fase ha logrado transformar 141.951 contratos irregulares en toda España de los que 115.358 son temporales transformados en indefinidos y 26.593 fijos discontinuos transformados en fijos ordinarios.
Son datos que se han dado a conocer en la reunión del pleno nacional del Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) del que forman parte todas las Comunidades Autónomas, en el que ha participado de forma telemática la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego.
“La reforma laboral ha permitido elevar a niveles nunca vistos el volumen de contratos indefinidos en detrimento de los temporales, que era hasta este momento la figura más utilizada para formalizar una relación laboral”, ha expuesto Gómez de Diego, quien ha indicado que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, puso en marcha en mayo un plan de choque contra el fraude en la contratación centrado en la contratación temporal si bien incluye, además, una nueva casuística referente al uso irregular de los contratos fijos discontinuos.
Por lo que respecta a Cantabria, la consejera ha explicado que la Inspección de Trabajo ha enviado un total de 2.285 cartas a empresas en las que se han detectado indicios de incumplimientos, dándoles un plazo de un mes para corregir la situación irregular.
Como resultado de esta primera actuación 1.375 contratos temporales se han transformados en indefinidos y 324 contratos fijos discontinuos que han pasado a indefinidos ordinarios. En una segunda fase, los inspectores de trabajo procederán a inspeccionar el resto de supuestos en los que no se ha procedido a la regularización.
Eugenia Gómez de Diego, que ha intervenido en la reunión de forma telemática acompañada por los directores de Trabajo, Gustavo García, y del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Álvaro Plaza, ha valorado el resultado de la campaña “porque significa un avance importante hacia la estabilidad laboral con un empleo de calidad; un derecho que es fundamental para poder disfrutar de una vida plena”.
Otros asuntos tratados en la reunión ha sido la campaña para evitar el fraude en la contratación a tiempo parcial y la campaña ‘Plan Estival’ que trata de evitar los efectos de las altas temperaturas en los trabajadores y que inició el pasado año la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En 2022, a los sectores preferentes de agricultura y construcción se ha añadido cualquier otra actividad al aire libre, hostelería y trabajo en industria.
Control del fraude en los contratos a tiempo parcial
En el pleno del (OEITSS) se ha informado, también, a las Comunidades Autónomas del Plan de choque contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial.
Se va a reforzar la intervención de los servicios de inspección para vigilar que la jornada real de los contratos a tiempo parcial coincida con la pactada. Para ello, a través de la ‘Herramienta de Lucha contra el Fraude’, se va a identificar a las empresas con elevado volumen de contratación a tiempo parcial.
En una primera actuación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social enviará 122.354 comunicaciones por toda España, que incluyen 290.703 relaciones laborales distintas.
La comunicación instará a las empresas a que revisen que la jornada declarada en el contrato se corresponda con la realmente realizada, y, en su caso, regularicen tanto la jornada como la situación de seguridad social de las personas afectadas; y en una segunda fase, se planificarán actuaciones inspectoras.
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