La Fiscalía desestimó documentos que apuntan a presuntas irregularidades en casos de «bebés robados»

La lucha de los afectados por casos de presuntos «bebés robados» no descansa. En toda España, y también en Cantabria, miles de familias están rebuscando en la historia para encontrar la verdad. Su verdad, que en ocasiones no coincide con lo reflejado en documentos -en ocasiones documentación con versiones contradictorias- en los que se debería reflejar con fidelidad la desaparición, muerte o adopción -regular o irregular- de miles de bebés desde los años 60 hasta los años 90.

En muchos casos, la dificultad de acceso a la información, y el tiempo transcurrido, así como también el oscurantismo y el corporativismo en determinadas profesiones, juegan en contra de la pretensión de encontrar la verdad y conocer qué sucedió con aquellos bebés de los que, en muchos casos, existen presuntos indicios de que no fallecieron sino que podrían haber sido entregados -o vendidos- en adopción a otras personas, arrancándolos de los brazos de sus madres biológicas.

Los portavoces de esta asociación consideran que el eje de las investigaciones para localizar la verdad gira en torno a tres pilares básicos como son el acceso al Censo, a los Archivos de hospitales y las pruebas de ADN. Estas últimas, las pruebas de ADN, se consideran determinantes para certificar, con total seguridad, la relación de maternidad/paternidad biológica. Sin embargo, estas pruebas son muy costosas al ser solicitadas de forma privada, ya que contando la exhumación del cadáver y las tasas, la cifra total del proceso hasta llegar a conseguir realizar las pruebas de ADN puede llegar a superar los 1.650 euros, a no ser que la prueba sea solicitada de forma oficial por la autoridad judicial, con un coste notablemente inferior para los afectados. Las pruebas de ADN, por sí mismas, pueden llegar a costar tan solo 80 euros gracias a un laboratorio privado que colabora con la asociación.

En cuanto al acceso a la información de los archivos de hospitales, la asociación denuncia la ‘absoluta ausencia de colaboración’ por parte de los hospitales, que incluso, apuntan, llegan a negar la información a la Policía Autonómica Vasca, destaca Javier.

En concreto, detallan casos como el de su propio hermano, fechado en 1977, y del que existen al menos 3 documentos distintos con diferentes datos. El neonato, que vivió durante tres días, fue catalogado en distintos documentos como «criatura abortiva», fallecido a los 8,5 meses y a los 7,5 meses de gestación, en otros documentos. Sin embargo, pese a estas incoherencias en distintas documentaciones, los hermanos denuncian que la Fiscalía archivó el caso. Una forma de proceder que, al parecer, es común a otras zonas de España, donde el Ministerio Fiscal archiva casos similares con similares documentos.

Además, se da la circunstancia de que en Santander, desde el año 1904 hasta 1983, existen períodos completos de diez años con  ausencia total de registros de legajos de abortos, denuncia la Asociación, por causas que se desconocen salvo el incendio de la ciudad en 1941.

Por último, la asociación ha querido realizar un llamamiento público a madres, afectados y adoptantes para que se sumen a colaborar en la búsqueda de la verdad con otras familias. La asociación puede ser contactada mediante el correo electrónico [email protected] y en la página web organizada a nivel nacional http://www.sosbebesrobados.es/contact.html