En países como Portugal, Grecia, Alemania o España, se han iniciado ya procesos judiciales contras las agencias de calificación crediticia mediante demandas privadas.
El efecto de las difusión de informaciones y valoraciones elaboradas por las agencias de calificación crediticia en la Unión Europea ha sido documentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con fuertes repercusiones además sobre el diferencial de la deuda soberana de los países.
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