La Asamblea contra el Fracking muestra su preocupación por la campaña de adquisición sísmica que la empresa Repsol va a realizar en Luena
- Cantabria
David Laguillo
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La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha valorado este sábado, en una rueda de prensa en Colindres, la presentación el pasado 27 de octubre del Anteproyecto de Ley que prohíbe la fractura hidráulica en Cantabria. El colectivo aplaude esta ley como muestra de rechazo a la fractura hidráulica por parte del gobierno autonómico y el resto de fuerzas políticas de la comunidad autónoma, por sus ‘inaceptables’ impactos sobre el territorio y las comunidades que lo habitan.
La plataforma alerta sobre el alcance real del Anteproyecto de Ley porque de los permisos existentes en Cantabria, el gobierno autonómico sólo tiene competencias sobre el permiso de investigación Arquetu, que afecta a los valles de Saja y Nansa. El resto de permisos que afectan a Cantabria (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1, Usapal y Galileo) son competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por lo que la futura ley en ningún caso podría derogar estos últimos permisos.
También esperan al texto definitivo de la ley que, según declaraciones del Partido Popular, será aprobado a finales del primer semestre de 2013 para poder hacer una valoración de su utilidad práctica para impedir el trabajo de las empresas gasísticas titulares de los permisos de investigación en Cantabria. En cualquier caso, la plataforma ha mostrado su preocupación por la continuidad de la campaña de adquisición sísmica que la empresa Repsol va a realizar en el territorio afectado por el permiso de investigación Luena. ‘Nadie construye los cimientos de una casa si no espera terminarla’, afirma el colectivo.
El colectivo espera que el gobierno autonómico derogue el permiso Arquetu a la mayor brevedad posible, lo que sería ‘una muestra de la verdadera voluntad política del gobierno de Ignacio Diego de impedir la fractura hidráulica en territorio cántabro’. Según la Ley de Hidrocarburos española, el gobierno de Cantabria tiene las competencias necesarias para ello sin esperar a ninguna nueva ley como el anunciado Anteproyecto, simplemente aceptando los recursos presentados.
Además han exigido que el gobierno de Cantabria y el resto de fuerzas políticas de la comunidad trasladen al gobierno central y a las ejecutivas de los partidos políticos de ámbito estatal la preocupación de la población de Cantabria y presionen para que se apruebe una ley en el parlamento español que prohíba la fractura hidráulica en todo el territorio nacional y se deroguen todos los permisos concedidos.
Desde su nacimiento en junio de 2011, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha trabajado con el objetivo de lograr la prohibición de la fractura hidráulica en España puesto que es la única vía para conseguir la derogación de todos los permisos. A pesar de que el anunciado Anteproyecto de Ley es un ‘importante respaldo político’ a este objetivo, todavía queda mucho camino por recorrer.
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