Júbilo en los afectados por la sentencia europea que declara la ilegalidad de la ley hipotecaria española
- Cantabria
David Laguillo
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. Esta nueva situación ha causado alegría y júbilo en miles de afectados por cláusulas hipotecarias presuntamente abusivas, ya que el TJUE ha concluído este jueves que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual. Además, añaden que los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser ‘paralizados de oficio’ y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula ‘es ilegal’.
La sentencia, a juicio de PAH, da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces y abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.
PAH lamenta que haya tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ‘ciegos y sordos’, ‘incapaces de atender el clamor popular’ y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia ‘una bofetada’ al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado ‘claramente ilegal’.
El colectivo considera que la sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo, y reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
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