IU pide medidas «contundentes» para frenar la «dramática» siniestralidad laboral en Cantabria
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David Laguillo
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Izquierda Unida de Cantabria ha lamentado los “dramáticos datos” de siniestralidad laboral que vive la región, donde se han registrado 122 accidentes más que el año 2016, un hecho que consideran “exige intervención preferente”.
En un comunicado, la coordinadora de la formación, Leticia Martínez, desgrana los datos recogidos en el resumen estadístico de siniestralidad laboral del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), desde enero a septiembre, y en los cuales destaca que “en este periodo el incremento de los accidentes mortales se ha incrementado de manera escandalosa, 10 accidentes mortales en 2017 frente a 3 en el 2016, más del triple”.
“Ante estos datos tan brutales sólo nos queda realizar un análisis crítico de la realidad laboral y la falta de medidas de seguridad en las empresas”, relata Martínez.
Por un lado, considera que “la gestión de la crisis económica que han realizado los distintos gobiernos a lo largo de este período ha conllevado una fuerte pérdida de empleo, cambios importantes en la estructura de nuestro mercado de trabajo, en el sistema de relaciones laborales y en nuestro sistema productivo y, a su vez, una disminución alarmante de los fondos públicos destinados a las políticas de prevención de riesgos laborales”.
Por el otro, apunta a las empresas, en las cuales “han desaparecido los recursos preventivos para evitar los accidentes y la enfermedad profesional”.
Así, desde la formación afirman que “las causas que explican la mayor o menor siniestralidad laboral en nuestro sistema productivo tienen que ver con las condiciones sociales existentes en este momento y las condiciones de empleo y trabajo”.
Por esta razón, defienden que “la siniestralidad no es consecuencia de la actividad en la que se trabaja, y aún menos tiene que ver con el sexo, la edad o la nacionalidad que tenga el trabajador o trabajadora, sino que tiene más que ver con el cómo se realiza la elaboración del bien o servicio en los distintos sistemas productivos, de la forma en que se trabaja”.
En este sentido, abogan por organizar el trabajo de forma que evite ciertas prácticas de gestión de las tareas no saludable (por ejemplo, estructuras salariales que dependen del volumen de producto final obtenido -destajo-, largas jornadas de trabajo, inseguridad en el empleo…) y se proporcionen las medidas de seguridad necesarias por ley.
Asimismo, ven necesario que el Gobierno acompase los datos macroeconómicos de recuperación a la reversión de los recortes de estos años, aumentando el ratio de inspectores de trabajo, ya que «en nuestro país hay un inspector por cada 15.000 asalariados, mientras que en Europa hay un inspector por cada 7.300 trabajadores».
De igual forma, consideran que las muertes y la siniestralidad en el trabajo deben pasar a un primer plano político, no sólo por el número sino por la «normalización» que se está haciendo de algo que no debe serlo, por lo que instan al Gobierno de Cantabria «a que sea acusación particular cuando haya un accidente de trabajo, al igual que lo hace cuando hay una víctima de violencia de género o en incendios forestales».
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