En teoría, cualquier cargo público está para defender a los ciudadanos. Al pueblo. Al pueblo soberano. Eso es la teoría, pero en la práctica, el trabajo del Delegado del Gobierno como mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tiende a dar órdenes a sus agentes para constreñir demasiado la expresión de los ciudadanos. Las protestas de los vecinos del Paseo del Niño, al parecer con multas incluidas, son un buen ejemplo de cómo entienden los distintos delegados gubernamentales (el de Cantabria no es el único, en general todos tienden a actuar igual en toda España) su función de protección al ciudadano.
No mencionaremos aquí demasiado las actuaciones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidos como «anti-disturbios», o popularmente «lecheras», ya que en la memoria reciente de todos están las brutales intervenciones de estos sujetos dando palos a periodistas y viandantes pacíficos. ¿Es esa la función de un Delegado del Gobierno? De ser así, el pueblo soberano quizá debe plantearse reclamar cambios profundos en el trabajo y las funciones de ese tipo de cargos, que a día de hoy tienen una función claramente represora en lugar de protectora.
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