El Gobierno pagará en enero más de un millón de euros a 108 propietarios afectados por sentencias de derribo
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David Laguillo
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- Díaz Tezanos asegura que el Ejecutivo va a dedicar todos los esfuerzos a buscar una solución a este problema
El Gobierno de Cantabria va a pagar en los primeros días de enero 1.213.845,15 euros, en concepto de indemnizaciones por daños morales a 108 propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo. Así lo ha anunciado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Eva Díaz Tezanos, que ha asegurado que estos datos demuestran “el claro compromiso del actual Gobierno” con estas familias.
Además, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno va a dedicar todos los esfuerzos a buscar una solución a este problema, en el que los propietarios son víctimas inocentes, y acatará lo que digan los tribunales “porque forman parte de nuestro Estado de Derecho”.
“Se acabó el tiempo de las soluciones mágicas y de los engaños a los propietarios. Hay que trabajar mano con mano con ellos y con los tribunales de justicia”, ha asegurado Díaz Tezanos, quien ha explicado que en los próximos días mantendrá una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para “analizar la situación actual y los pasos que se deben ir dando”.
Según ha explicado, el Gobierno de Cantabria en los primeros días de enero efectuará el pago de 1.213.845,15 euros a 108 propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo. Una cifra notablemente superior a los 915.000 euros que se pagaron entre 2010 y 2013.
De la cantidad total, el Gobierno de Cantabria ha autorizado el pago de 1.021.000 euros por daños morales a 107 propietarios y otros 193.845,15 euros a un propietario de dos viviendas en Argoños por el valor patrimonial de esas viviendas, según han establecido los tribunales en una sentencia.
De los 107 propietarios, 84 son de la urbanización La Llana I (Argoños) a los que se efectuará el pago de 762.000 euros; 2 propietarios de la urbanización La Llana II (Argoños) a los que se pagará 18.000 euros; otro propietario es de la urbanización Pueblo del Mar I (Argoños) al que se le pagará 9.000 euros por daños morales; otros 4 son propietarios de viviendas de la urbanización L05 de Liencres a los que se les ha reconocido indemnizaciones por valor de 48.000 euros; 14 son de la urbanización Entrelindes (Liencres) a los que se pagará 165.000 euros y dos más de la urbanización Cerrias I (Liencres) a los que se pagará 18.000 euros.
La vicepresidenta, además, ha precisado que este Ejecutivo ha optado por tramitar el pago a través de la vía administrativa, es decir, sin obligar a los propietarios a recurrir a los tribunales de justicia y esperar a la sentencia, lo que dilataba el proceso y además implicaba más costes a la administración que tenía que hacer frente también a los intereses de demora.
“Sabemos que tenemos que pagarlo y por eso hemos impulsado el trámite y animado a los afectados a que nos lo pidieran, ahorrándoles el tener que ir a un juzgado a reclamar su daño moral”, ha añadido.
La vicepresidenta ha explicado que cuando llegó al Gobierno se encontró con 621 viviendas afectadas por sentencias de derribo (144 en Arnuero, 255 en Argoños, 80 en Piélagos, 32 en Escalante y 110 en Miengo).
Además existían convenios con todos los ayuntamientos con viviendas afectadas, salvo con el ayuntamiento de Piélagos, razón por la que el pasado día 11 de diciembre ha firmado el convenio con la alcaldesa del municipio, en el que se establece una responsabilidad al 50% en las viviendas situadas en Entrelindes y los sectores L05 y L01 de Liencres.
En total, existían 329 convenios firmados con propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo por lo que quedan por firmar otros 236 convenios.
En relación a las indemnizaciones por daños morales, el Gobierno tiene responsabilidad en 565 casos, a los que el Ejecutivo tiene que pagar 9.000 euros si es su segunda vivienda y 12.000 euros en caso de que sea la primera vivienda.
Según los datos aportados por Díaz Tezanos, desde 2010 hasta la llegada del actual Ejecutivo, se había pagado 915.000 euros por daños morales sin contar los intereses legales o de demora, frente a los cerca de 1.214.000 euros que el actual Gobierno ha tramitado en cinco meses.
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