En un año 400 viviendas podrían contar con autorizaciones provisionales para evitar el derribo
- Cantabria
David Laguillo
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- El consejero Javier Fernández lanzó un mensaje “de apoyo y optimismo” a los miembros AMA
El Gobierno de Cantabria estima que en el plazo de un año más de 400 viviendas con sentencia de derribo podrían contar con las autorizaciones provisionales que puedan evitar su demolición, ya que esta nueva figura urbanística podrá ser la “tabla de salvación” para la inmensa mayoría de las familias afectadas.
El consejero se ha mostrado convencido de la legalidad de este instrumento, un sistema que queda bajo el control de los órganos judiciales, y que defiende al mismo tiempo que “toda edificación que va a encontrar posteriormente un acomodo legal en un plan urbanístico no se derribe”.
De este modo el consejero Javier Fernández lanzó un mensaje “de apoyo y optimismo” a los 200 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), encabezados por su presidente, Antonio Vilela, que finalizaron el sábado en la depuradora de Vuelta Ostrera un tour por todos los ayuntamientos afectados por las sentencias derribos.
Fernández agradeció la presencia de los miembros de AMA en las instalaciones de Vuelta Ostrera, dado que representa un “apoyo más” a una infraestructura que “todos los cántabros sentimos como nuestra por su magnífico servicio medioambiental en el entorno”.
“Durante estos dos años hemos seguido un mismo camino y hemos trabajado juntos desde el principio para encontrar una solución”, señaló el consejero.
El nuevo mecanismo legal, novedoso en el país, “no va en contra de las sentencias”, afirma Fernández, sino que “busca justicia al plantear que una edificación que va a encontrar un acomodo legal en un plan de ordenación urbana no se derribe”.
Hasta la aprobación definitiva del plan, las familias afectadas tendrán una autorización provisional que dentro de unos años, agrega el consejero, se convertirá en licencia definitiva.
El calendario que prevé el Gobierno es que en septiembre se obtenga la primera autorización provisional en el Ayuntamiento de Miengo para legalizar unas 100 viviendas. A lo largo de este año y el próximo se sucederán otros procedimientos de este tipo en Escalante, San Vicente de la Barquera, Piélagos y Argoños.
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