El TS considera que el fraude fiscal del Ayuntamiento de Astillero fue ‘conscientemente realizado’
- Cantabria
David Laguillo
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- Ignacio Diego, actual presidente de Cantabria, era el alcalde de Astillero
La sanción por fraude fiscal por valor de 232.119,58 euros dictaminada por el Tribunal Supremo, hecha pública por el PSOE de Astillero, contra el Ayuntamiento de Astillero -siendo alcalde el actual presidente de Cantabria Ignacio Diego- según los socialistas es un «desaguisado» que se produce a raíz de la venta de una parcela municipal cuyo uso característico es el de industria-almacenaje, que había resultado de un Proyecto de Compensación en el Polígono de Morero.
La parcela objeto de venta se encuentra calificada como suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado en la «AU 06» de las Normas Subsidiarias de Astillero, con una superficie total de 19.245 m2 con una edificabilidad total de 19.245 m2.
La sentencia afirma que Diego y el concejal de Urbanismo repercuten y cobran a la adquirente el IVA sobre el precio de transmisión, por importe de 232.119,58 euros, sin ingresar en el Tesoro Público dicho importe. Cuando Hacienda hace la revisión resulta que la deuda tributaria por IVA del ejercicio 2003 es de 245.075,09 euros (232.119,58 euros de cuota y 12.955,51 euros de intereses de demora en 2003) más la sanción de 232.119,58 euros, a los que ahora hay que añadir los 6.000 euros de costas del abogado del Estado por haber perdido el juicio, más todos los costes judiciales de parte del Ayuntamiento que después de un largo proceso en todas las instancias judiciales (tribunal ordinario, superior de justicia de Cantabria, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) sumarán un importe elevado.
El precio de la transmisión de la parcela se fijó en 1.450.747,40 € más IVA. El Ayuntamiento de Astillero repercutió y cobró a la entidad adquirente el IVA sobre el precio de la transmisión al tipo del 16%, es decir, 232.119,58 €, cantidad que no se ingresó en el Tesoro Público. La operación no se registró en los libros aportados por el Ayuntamiento como libros registro de IVA, aunque sí fue incluida en la declaración anual de ingresos y pagos de 2003 presentada por el Ayuntamiento. Se trata por tanto según las sentencias judiciales, una detrás de otra, de una sanción por infracción tributaria grave.
La sentencia de Supremo confirma el fraude fiscal llevado a cabo por el entonces alcalde de Astillero, Ignacio Diego, y el concejal de urbanismo, y alcalde hoy, Carlos Cortina.
El Tribunal Supremo, al igual que las sentencias anteriores, confirma que el fraude es realizado ‘conscientemente, planificadamente y premeditadamente’ por los máximos responsables municipales y no por otras personas. La sentencia ratifica la culpabilidad de la conducta de los responsables políticos expresamente, como en las sentencias de los tribunales que juzgaron la causa con anterioridad.
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