El riesgo de no regular las plataformas digitales: la «uberización» de toda la economía
-Expertos alertan de que si se potencia una economía low cost, se tendrá un estado del bienestar low cost
Estamos en un momento decisivo. El crecimiento de la economía de las plataformas y la precarización del trabajo que algunas conllevan hace necesaria y urgente una regulación global que garantice los derechos de los trabajadores. «Si no se toman medidas, corremos el riesgo de “uberizar” toda la economía», advierte Ignasi Beltran de Heredia, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El modelo de negocio sobre el que se sustentan algunas de estas plataformas (Glovo o Deliveroo), «únicamente es viable si los prestadores de los servicios no son trabajadores por cuenta ajena», explica, «ya que difícilmente subsistirían si tuvieran que asumir las mismas cargas sociales que sus competidores no digitales». Estos modelos pueden estimular el empleo, admite, «pero a costa de la precariedad absoluta. La población no es consciente del riesgo que conllevan: si se quiere una economía low cost, también se tendrá un estado de bienestar low cost».
El 59 % de los directores de recursos humanos cree que la economía de plataformas digitales generará empleos una vez esté bien regulada, y el 37,4 % opina que creará muchos puestos en los próximos años, según un informe reciente elaborado por la compañía de recursos humanos Adecco y el Instituto Cuatrecasas. Por otra parte, los españoles creen que estas plataformas mejoran la vida de los usuarios, pero abogan por un mayor control de ellas, tal y como se desprende de una encuesta realizada el pasado mes por la empresa de análisis de datos 40dB.
Regulación, control… En la mayoría de los estudios siempre aparece la necesidad de establecer unas reglas de juego. «El debate suele centrarse en si los trabajadores de estas plataformas son autónomos o deberían ser asalariados. La consideración de una u otra figura cambia sus condiciones de trabajo», explica Elsa Santamaría, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y directora del máster universitario de Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral. «También se discute si deberían ser considerados autónomos económicamente dependientes, pero sus condiciones de trabajo afectan también a otras cuestiones menos discutidas, como por ejemplo que los trabajadores no disponen de los recursos, sobre todo colectivos, para negociar las condiciones laborales y establecer mejoras en sus puestos de trabajo», dice Santamaría.
«Siguiendo un proceso de ensayo-error, estas plataformas progresivamente se están revistiendo de una sofisticada ingeniería jurídica para tratar de eludir (ficticiamente) la laboralidad. Pero es obvio que las plataformas no son meras intermediarias cuando penalizan al trabajador si rechaza trabajos u obtiene malas puntuaciones de los usuarios, por mucho que aleguen que cada persona es libre para escoger o no un servicio», opina Ignasi Beltran de Heredia.
En nuestro país, por el momento, son los jueces los que están determinando la modalidad laboral de los trabajadores de estas plataformas, aunque las sentencias son contradictorias. La última la dictó a finales de febrero un juzgado de Oviedo, que dio la razón a Glovo sobre la legalidad de su modelo laboral. Y esta sentencia llegó justo después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona opinara todo lo contrario y ordenara a la Seguridad Social que diera de alta a los repartidores de Glovo como trabajadores asalariados.
La solución: un acuerdo internacional
Para regular las plataformas digitales es necesario un acuerdo internacional, tal como propuso Judith Carreras, consejera en la Oficina de la Organización internacional del Trabajo (OIT) España, en la jornada organizada por la UOC El futuro del trabajo y las plataformas digitales de empleo, ¿oportunidad o precariedad? «Hay muchas realidades distintas dentro de la economía de las plataformas», explica Carreras; «no es lo mismo una plataforma de crowdworking, en la que los trabajadores realizan un servicio para un cliente que está en cualquier país del mundo, que empresas como Uber o Cabify, que intermedian entre el cliente y el trabajador para realizar un servicio que se resuelve físicamente en un mismo lugar». Sin embargo, ambos modelos plantean retos parecidos, por ejemplo, en términos de responsabilidad fiscal y laboral.
Carreras pone como ejemplo el Convenio de Trabajo Marítimo, aprobado por la OIT, que establece un marco internacional para todos los trabajadores de la marina mercante. Para la consejera de la OIT, en el caso de las plataformas digitales, también se tiene que llegar a un acuerdo legalmente vinculante entre los 187 países miembros, las empresas y los representantes de los trabajadores. «Es el momento de plantearse cuál es el futuro del trabajo que queremos», dice. Porque es evidente que las plataformas crecen y lo seguirán haciendo a medida que se digitalizan las compañías. Carreras explica que en España alrededor del 3 % de la población trabaja en este tipo de empresas, un porcentaje algo menor que en Europa, «y con el tejido productivo de España es de esperar que, en poco tiempo, muchas compañías tradicionales se integren en lo que se ha denominado economía de plataformas». De ahí la importancia de una regulación internacional no solo sobre las condiciones fiscales de las empresas, sino también sobre las condiciones salariales y contractuales de los trabajadores, para velar por su protección social y salud laboral.
Jornaleros del siglo XXI
Según el estudio internacional Las plataformas digitales y el futuro del trabajo, presentado recientemente por la OIT, los trabajadores de estas empresas están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, alrededor de 4 dólares la hora. Además, apenas 6 de cada 10 tiene seguro de salud y solo el 35 % cotiza para una pensión o plan de jubilación. «Otros datos que preocupan son, por ejemplo, que a la mayoría de los trabajadores les gustaría trabajar más horas o que un tercio de su horario lo dedican a buscar empleo: 20 minutos de cada hora», resalta Carreras.
«Estas plataformas no pueden servir de excusa para crear trabajos exentos de unos mínimos de calidad y que se muevan en los márgenes laborales», opina Santamaría. Normalizar la precariedad y convertirla en algo estructural para el mercado de trabajo puede tener consecuencias devastadoras, ya que tendremos cada vez más «una mayor y más consolidada clase social de trabajadores pobres que no pueden desarrollar una vida digna, en una situación de exclusión y vulnerabilidad social», dice la profesora de la UOC.
Las plataformas digitales tratan a sus trabajadores como jornaleros del siglo XXI, apuntan desde la OIT, y «sorprende que los consumidores de estas plataformas sean insensibles a la extrema precariedad de los prestadores del servicio», añade Beltran de Heredia. «La pregunta que debemos hacernos es qué futuro del trabajo queremos, porque esto supone definir qué tipo de sociedad queremos. Tenemos que anticiparnos y regular, no para frenar el crecimiento de estas empresas, sino para corregir su tendencia», dice Carreras.
En este sentido, todos los expertos coinciden en afirmar que las plataformas digitales abren muchas posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo. «Algunos estudios revelan que pueden reducir las barreras de entrada al mercado laboral y facilitan las condiciones laborales de grupos específicos», explica Santamaría. Además, aunque son menos conocidas, «también se están implantando otras formas laborales cercanas al movimiento cooperativo que son positivas para sus trabajadores y que hacen que en estas plataformas se pueda llevar a cabo un modelo de empleo más ético y sostenible», añade.
«La solución no puede ser mirar hacia otro lado pensando que esto se va a regular solo o pasar la pelota a otras instancias. Hay que responsabilizarse y establecer entre todos modelos que garanticen el crecimiento económico y de empleo, pero garantizando unas condiciones de empleo dignas», concluye Judith Carreras.
- Presentada la Agenda Digital de Cantabria, un ambicioso plan de 397 millones de euros - 22 de noviembre de 2024
- Delegación del Gobierno anima a los ayuntamientos a sumarse a la red de Puntos Violeta - 21 de noviembre de 2024
- AMICA recibe el premio de Buenas Prácticas en la VII Edición de los premios anuales del Club Excelencia en Gestión - 21 de noviembre de 2024