El PSOE exige al Gobierno un sistema de distribución urgente de alimentos coordinado con todas las ONGS
- Cantabria
David Laguillo
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- Méndez afirma que hay deficiencias en el reparto de alimentos a familias, parroquias y bancos vecinales
Ante las denuncias recibidas por parte de particulares, voluntariado y organizaciones e instituciones religiosas y vecinales sobre la situación de pobreza de miles de familias y sobre la escasez de alimentos que pueden repartir y recibir estos organismos, la diputada socialista Ana Isabel Méndez exige al Gobierno “la creación de un sistema de distribución coordinada de alimentos”, en el que se invite a participar a todas las ONGs que ya se encuentran trabajando en este ámbito. Según Méndez, el objetivo es “el objetivo es garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas que lo precisen y en menos de 24 horas a una alimentación básica, suficiente y adecuada a sus necesidades, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad en familias con integrantes menores de edad. Todo ello gestionando y distribuyendo en Cantabria los alimentos de forma eficiente entre las entidades públicas y privadas comprometidas”.
“Hemos escuchado historias muy dolorosas de familias que apenas reciben alimentos y las organizaciones que hacen de intermediarias entre el Banco de Alimentos y las familias se quejan de que reciben alimentos con cuentagotas a pesar de haberse hecho campañas de recogidas muy exitosas”, afirma Méndez.
Tras recibir estas denuncias y conocerse la información aparecida en un medio de comunicación regional acerca de la existencia de alimentos retenidos en las dependencias del Banco de Alimentos, la diputada socialista ha afirmado que “ante esta situación, el PSOE no puede mirar para otra lado” y por ello han pedido al Gobierno de Cantabria “la apertura de una investigación” ya que es “el primer responsable de supervisar la ejecución del reparto de alimentos, competencia de la que están haciendo dejación”.
El PSC-PSOE exige, al tiempo que se investiga la gestión del presidente del Banco de Alimentos, que se ponga en marcha el sistema de distribución urgente de los mismos, “dada la situación de emergencia que viven muchas familias”. “La existencia de alimentos retenidos y de alimentos caducados almacenados es un hecho incompatible con la situación que están viviendo muchos barrios que demandan alimentos al Banco y reciben un no por respuesta”.
Por ello, Ana Isabel Méndez “lejos de cuestionar a una institución como el Banco de Alimentos, exige una investigación sobre la gestión de la persona que está al frente. El Banco es un organismo muy importante, necesario, imprescindible, su labor es loable y animo a la ciudadanía a seguir colaborando con él sin duda, pero la gestión por parte de su presidente es mejorable porque está afectando a muchas familias”, ha afirmado.
“Pensar que la crítica a su presidente es una crítica a la institución es manipular para tratar de desviar el tema y así no dar respuesta a lo que está ocurriendo, y a eso no estamos dispuestos”, ha manifestado.
“El gobierno tiene que crear de forma inmediata este sistema en el que involucremos a todas las ONGS y entidades que trabajan y colaboran con él y creemos que esto es, sin duda, lo que realmente ha molestado al presidente que no puede gestionar los alimentos como si fueran propios porque se los han cedido”.
Méndez sostiene que pedir un mayor nivel de competencia y exigencia en la gestión es lo mínimo que se debe hacer ante las continuas quejas. Al tiempo que anima “a todas las entidades y organismos involucrados en la lucha contra la pobreza a exigir más compromiso al Gobierno, principal competente en materia de servicios sociales y principal responsable de que en Cantabria nadie pase hambre. En los últimos dos años, estamos viviendo una situación de emergencia social y el Gobierno no ha hecho más que llamamientos a la solidaridad ciudadana sin cumplir con sus propias obligaciones y son las ONGS y la ciudadanía quienes están dando la respuesta que al Gobierno correspondía haber dado”.
Por todo ello, es urgente que desde las Administraciones se trabaje con las ONGS para garantizar un “colchón” público de protección social suficiente.
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