El PSOE culpa al PP del dinero público que se ha perdido en el Racing
- Cantabria
David Laguillo
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- Los socialistas señalan que, de haber seguido en el Gobierno, habrían ejecutando la opción de compra de las acciones para asegurar la mejor defensa del interés público
El PSOE cántabro ha asegurado que, con fecha 8 de julio de 2011 y con un nuevo Gobierno en Cantabria, el Club se declaró en concurso voluntario de acreedores, iniciado por Auto del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Santander y que se sigue bajo el número 279/2011, tras solicitud del propio Racing, pero recuerdan que el Gobierno entrante fue informado por el saliente (PSOE-PRC) de la situación en que se encontraba la relación con el Racing y que fue el Gobierno entrante en 2011, quien después de varias reuniones con los gestores del club, el que realiza una declaración pública instando al Racing a presentar de manera inmediata el concurso voluntario de acreedores. Es esa declaración la que, en la práctica, ha puesto en peligro los recursos públicos derivados de la Titulización de la marca Racing en el año 2006, según el PSOE.
Los socialistas afirman que CEP Cantabria a través de una operación de Titulización, adquirió la marca Racing por valor 17,5 millones de euros. Es decir, se compraba un activo por 17,5 millones, lo que permitía sanear el balance del club y evitar su desaparición, y en el transcurso de 11 años se cobraban del club 22 millones de euros en concepto de arrendamiento de la marca.
«En modo alguno el diseño de la operación se puede considerar gravoso para el interés público”, puesto que “es la mala gestión económica del club y la falta de un accionista de referencia con capacidad financiera para sostenerlo, la que provoca la venta del club en enero de 2011 y posteriormente, la declaración de concurso del Racing por parte del Juzgado de lo Mercantil”.
En un comunicado recuerdan que Dumviro vende sus acciones a finales de enero de 2011 y el nuevo propietario, WGA, asume el préstamo participativo mediante el reconocimiento de una deuda de 6.573 miles euros, a pagar en distintos plazos. En este sentido, señalan que la nueva empresa privada ingresó cerca de 500.000 euros en las cuentas de CANTUR, a la firma de los acuerdos, a finales de enero de 2011. Asimismo, a instancias del Gobierno de Cantabria, ingresó en febrero del mismo año cerca de 2 millones de euros en la Delegación de Cantabria de la Agencia Tributaria, evitando el embargo del club. Posteriormente, y ante el incumplimiento del calendario de pagos, en el mes de abril CANTUR ejecutó el aval por 1.500 miles de euros. Por tanto, se recuperaron cuatro millones de euros para las arcas públicas en esos primeros momentos.
Los socialistas añaden que no hubo tiempo de ejercitar otra de las garantías del contrato con la nueva sociedad porque, en el mes de mayo, los electores dieron la mayoría absoluta al Partido Popular y “no se consideró prudente” realizar esta operación por un Gobierno en funciones, creyendo más oportuno que lo efectuase el nuevo Gobierno salido de las urnas.
No obstante, explican que el actual Gobierno “no tomó ese camino” sino que decidió, en el mes de abril de 2012, recurrir a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, cuyo laudo del 4 de septiembre de 2013, se dicta en contra de las pretensiones de CANTUR y califica su pretensión de ‘absurda y contraria’ al ordenamiento jurídico español.
Para el PSOE “la mejor defensa del interés público se habría realizado ejecutando la opción de compra de las acciones” y esa hubiera sido la decisión que el anterior habría tomado “de haber seguido contando con el respaldo de los ciudadanos”, añaden.
Finalmente, resaltan que el Real Racing Club, “además de ser un activo sentimental, efectivo, representativo e identitario de primer orden, que aglutina (aun hoy) a miles de ciudadanos de esta Comunidad, también lo es desde el punto de vista económico porque está evaluado que la entidad deportiva, entre los ejercicios 2006 y 2010, contribuyó a las Administraciones Públicas en una cantidad de 44.480.000 euros, en concepto de liquidaciones de IVA, retenciones a cuenta del IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social”.
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