El PSOE cree que la sentencia del TC sobre los derribos “supone un jarro de agua fría para los afectados y un aviso para el Gobierno”
- Cantabria
David Laguillo
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- El diputado socialista manifestó que su grupo acata la Sentencia y aseguró que los socialistas seguirán impulsando medidas para proteger los derechos de las familias y terminar con el conflicto
Para el diputado socialista, Miguel Ángel Palacio, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre los derribos «es un jarro de agua fría para los afectados, porque la Ley de Cantabria anulada les reconocía el derecho a recibir la indemnización de la vivienda a derribar antes de proceder a su demolición», según informó el PSOE mediante un comunicado.
Palacio explicó que «la Ley de Cantabria pretendía proteger a los afectados por sentencias de derribo, que son víctimas inocentes de las decisiones tomadas por el Gobierno y por el Ayuntamiento que habían concedido las licencias ilegales. La Ley les garantizaba las indemnizaciones previas a los derribos».
A su juicio, la sentencia supone un aviso para el Gobierno por doble motivo. Por un lado, porque el Tribunal ha dado validez constitucional al párrafo de la Ley que obliga al Gobierno de Cantabria a evitar el desamparo de las familias afectadas y proceder al realojo inmediato, cuando las viviendas constituyen el domicilio habitual de un propietario de buena fe, y en segundo lugar, porque el Gobierno, que es la institución condenada por los Tribunales, tiene la obligación «imperiosa» de dar una solución a todos los afectados.
«El Gobierno ha incumplido su Plan de derribos. Se comprometió con la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a cumplir un calendario de ejecución de sentencias y de legalización de viviendas, y hasta el día de hoy, de viviendas legalizadas, ninguna y sentencias ejecutadas, ninguna», señaló.
El diputado socialista manifestó que su grupo parlamentario Socialista acata la Sentencia y aseguró que los seguirán impulsando todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las familias y terminar con el conflicto.
«Estamos hablando del mayor desastre urbanístico producido en Cantabria por alcaldes y concejales del PP que no han asumido ninguna responsabilidad. Un desastre que afecta a más de mil viviendas que supone un quebranto para las arcas regionales de más de 300 millones de euros, pero no hay dinero suficiente para pagar el sufrimiento que este desastre ha generado a estas familias inocentes afectadas», concluyó Palacio.
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