El PP registra una iniciativa con medidas para frenar la ocupación ilegal de viviendas en Cantabria
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David Laguillo
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Mediante una proposición no de ley reclama incluir en la ley cántabra que los condenados por ocupación no puedan acceder a viviendas protegidas
Pide también la modificación en las Cortes Generales del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se pueda actuar frente a este “flagrante atropello de los derechos de los demás”
El Partido Popular defenderá el próximo lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria una iniciativa en la que propone soluciones para frenar la ocupación ilegal de viviendas porque “el Gobierno no puede seguir parado, en silencio y dormido y tienen que actuar frente a un atropello tan flagrante e injustificable a los derechos de los propietarios de viviendas”.
El portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, que hoy ha dado a conocer esta iniciativa en rueda de prensa, ha advertido que la ocupación ilegal de viviendas ha proliferado enormemente y de manera muy peligrosa en los últimos años en Cantabria provocando un enorme daño a familias y comunidades de vecinos, porque las instituciones no actúan. “No se puede mirar a otro lado mientras proliferan los casos de personas sin escrúpulos y sin decencia que utilizan las propiedades de los demás para vivir a su costa”, ha dicho.
En este sentido, ha señalado que la alarma social generada por esta práctica ha crecido hasta convertirse en uno de los elementos de mayor preocupación en la sociedad. Según ha recordado, en buen número municipios de la región, como Meruelo, Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto o Polanco, comunidades de vecinos han tenido que organizarse para evitar la ocupación ilegal de viviendas, ante la lentitud de los tribunales.
El 21 de septiembre de 2020 el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno de España a tomar medidas para poner fin a esta situación, sin que nada se haya avanzado por el momento mientras que el problema se recrudece periódicamente con la aparición de nuevas ocupaciones y la correspondiente reacción vecinal frente a las mismas. En vista de esta situación, el PP considera que se hace preciso que el Parlamento de Cantabria active todos los cauces para encontrar una respuesta adecuada a este problema.
Fernández ha señalado que este no es un problema que tenga que ver con el derecho a la vivienda, sino de usurpación de lo que no es de uno y de atropellar y avasallar los derechos de los demás. Y ha indicado que “con la actual legislación española las administraciones tienen muy poco margen para actuar”, lamentando que parezca que solo tengan derechos quienes ocupan ilegalmente las viviendas y utilizan y disfrutan ilegalmente de lo que no es suyo. “Parece que los derechos no están con los propietarios sino con los delincuentes”, ha sentenciado.
Por ello, en su proposición no de ley el PP pide, en un primer punto, solicitar a las Cortes Generales la adopción de medidas que pongan fin a la práctica de la ocupación ilegal de viviendas, modificando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil en la línea de que el ocupante ilegal de un inmueble no goce de la protección de morada o domicilio, que el desalojo pueda producirse en un máximo de doce horas y que la autoridad pública y sus agentes procedan al lanzamiento inmediato si no se produce el desalojo voluntario.
Y, en segundo lugar, se insta al Gobierno de Cantabria a incluiren la Ley de Vivienda Protegida una clausula para que los condenados por ocupación no puedan acceder a viviendas protegidas, incorporando en el punto 2 del artículo 3 la siguiente cláusula: “No podrán ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas en esta ley las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionadas mediante resolución administrativa firme”.
“Si una sociedad no es capaz de defender los derechos de las personas de bien, como ocurre en este tema, las luces de alarma se encienden. Si no somos capaces de resolver estos episodios en un plazo de 12-24 horas es que algo va mal en el funcionamiento de nuestra Justicia, de nuestras leyes y de nuestras instituciones”, ha advertido.
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